Los brasileños rechazan el aborto, el matrimonio gay y la marihuana

Una manifestación a favor de legalizar la marihuana en São Paulo, Brasil, el pasado 26 de abril

BRASIL.-(AGENCIALAVOZ) El 79% de los brasileños está en contra la despenalización de la marihuana, según una encuesta del Instituto Ibope divulgada el pasado jueves. Este mismo porcentaje de la población tampoco quiere que se legalice el aborto. El estudio revela, asimismo, que más de la mitad de los brasileños, el 53%, rechaza el matrimonio homosexual.


Pese a declararse conservadora, la sociedad actúa de otra manera. Se calcula, por ejemplo, que cada año, un millón de mujeres se someten a una interrupción del embarazo en el país. Es decir, una de cada cinco aborta, a pesar de que esta práctica está prohibida por ley brasileña, salvo en los casos de violación, malformación del feto o cuando existe peligro para la salud de la mujer. Cada dos días muere una brasileña tras realizar este procedimiento que, además de ilegal, no es seguro.

Pese a ser ilegal, un millón de mujeres interrumpe su embarazo cada año

Para Valter Silverio, sociólogo de la Universidad Federal de São Carlos, esa contradicción entre lo que se hace y lo que se declara en las encuestas se debe a que los ciudadanos buscan ser políticamente correctos. “Es muy probable que, entre las mujeres que aseguran estar en contra del aborto, algunas ya lo hayan hecho”, opina. “Lo mismo se aplica a los que están en contra del matrimonio homosexual: muchos de ellos ya tuvieron relaciones con personas del mismo sexo”, sostiene.


Por tratarse de un tema tabú, el aborto, que es un problema de sanidad pública, queda fuera de la agenda electoral. La mayoría de los candidatos presidenciables, como Dilma Rousseff (PT) y Aécio Neves (PSDB), evitan hablar sobre esos asuntos polémicos. La semana pasada, la candidata Marina Silva (PSB) cambió, en su programa de Gobierno, el párrafo en el que defendía impulsar en el Congreso la aprobación del matrimonio gay. Hoy por hoy está permitido por una resolución de 2013 del Consejo Nacional de Justicia de Brasil, que obliga a las notarías del país a celebrar el matrimonio de personas del mismo sexo, pero el Legislativo todavía no ha regularizado ni se ha posicionado sobre el tema.


Silverio cree que la postura de los candidatos tiene que ver con esa contradicción de la sociedad. Pero también con algo mucho peor: “La opinión pública”. Aunque algunos medios de comunicación suelen tratar esos temas, “hay cadenas de radio y televisión que impiden que la sociedad se enfrente” a ellos, argumenta. Al referirse a las emisoras evangélicas de Brasil, sostiene que “hay una predicación bíblica de varios medios”.

Los presidenciables eluden los temas que son tabús para la población

Los únicos candidatos que defienden públicamente la legalización del aborto y de la marihuana son Eduardo Jorge (PV) y Luciana Genro (PSOL). Sin embargo, cada uno tiene solo el 1% de las intenciones de voto.


Según la encuesta del Ibope, el 58% de los que están en contra del matrimonio homosexual son hombres. Entre las mujeres, el 49% es favorable, mientras el 44% lo rechaza. La despenalización de la marihuana y del aborto no la defienden ni siquiera los más jóvenes. Entre los que tienen de 16 a 24 años, el 74% está en contra de la legalización del cannabis y el 77% del aborto.


Sin embargo, Silverio opina que estos resultados no afectan la decisión del elector. “Si el 80% de las personas está en contra del aborto, ¿cómo se explica la recuperación de Dilma Rousseff en los sondeos? De alguna manera, ella representa 12 años de un Gobierno en el que esos temas han ganado algún espacio en el proceso de decisión”, argumenta el académico.


Otros temas polémicos planteados en la encuesta son la pena de muerte —el 46% de la población es favorable y el 49% está en contra—; y el programa Bolsa Familia —el principal programa social del Gobierno de Rousseff, que transfiere directamente dinero a familias pobres—, que tiene el apoyo del 75% de los brasileños. Entre los que tienen ingresos mensuales de hasta un sueldo mínimo (324 dólares), el apoyo al programa llega al 90%, según el estudio.

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Construyen en Ucrania el Templo del Diablo

UCRANIA.-(AGENCIALAVOZ) Las destrucciones y la miseria que acarrea cualquier guerra hacen a la sociedad más vulnerable contra las ideas y enseñanzas destructivas, explica el medio ruso RT. Un ejemplo reciente es Ucrania, donde una denominada Iglesia de Satán busca el reconocimiento oficial.


La Iglesia de Satán (que, según parece, no tiene nada que ver con la secta más conocida que tiene el mismo nombre, de los EE.UU. y fundada por Anton Szandor LaVey) está construyendo su propio edificio que denomina el Templo del Diablo en una pequeña aldea en la región central del país, según informa el portal de la organización (que actualmente no está disponible).
El raro lugar de culto ya fue inaugurado de manera correspondiente al nombre: con sacrificios de carneros la Noche de Walpurgis (festividad brujeril que se celebra del 30 de abril al 1 de mayo). Los adeptos de esta nueva ‘iglesia’ por el momento afirman no tener intención de expandir su influencia a Kiev.


A pesar de las causas tradicionales de la aparición de cultos inusuales (la miseria y el peso de un conflicto armado o, al contrario, una euforia ideológica), la popularidad de las prácticas religiosas poco ortodoxas y de las sectas destructivas se manifiesta en diversos aspectos y capas de las sociedades y podría florecer en Ucrania.

Según explica el medio RT, en el inicio de los disturbios en Ucrania ciertas tácticas de los lideres del Maidán, como los gritos colectivos y los saltos rítmicos, fueron comparados con técnicas semejantes de las sectas destructivas.

Detalles sobre el grupo satánico
En el medio Naij leemos que esta Iglesia de Satán, también denominada Bozhichi, está dirigida por Sergey Neboga, residente en Kiev. Varios periodistas han tenido ocasión de asistir al “servicio, sacrificio y oración de la noche”. Según explican, “se supone que habrá servicios diarios, eventos religiosos tales como matrimonios negros, consagraciones, desbautismos”. También explican que “muchas de nuestras fiestas están relacionadas o dependen directamente de las fiestas cristianas”.
Además, cuentan con talleres de velas y de “iconos infernales”, una chimenea ritual, una casa de baños, una granja… Y afirman que su movimiento está registrado como entidad legal en el Registro Estatal de Ucrania (no se aclara si en el de confesiones religiosas, cosa que parece que aún no). Siguen la filosofía del satanismo de LaVey, tal como se plasma en La Biblia Satánica, y rechazan a otras sectas satánicas. De hecho, “la Iglesia de Satán se promueve a sí misma como la única representación auténtica del satanismo”. .


La agencia Interfax aporta las declaraciones de Vladimir Rogatin, miembro correspondiente para Ucrania de la Federación Europea de Centros de Investigación e Información sobre Sectas (FECRIS), que recuerda que no es la primera vez que hay constancia del satanismo en la región de Cherkassk. “En 1995, un profesor de Física practicaba magia negra bajo la capa de un grupo de estudio astrológico y forzaba a los niños a participar en grupos sexuales, y después se le imputó responsabilidad criminal. El año pasado fue destrozada una iglesia ortodoxa, no lejos del centro regional, y los iconos fueron arrojados al suelo y destruidos, y se escribió el número 666 en sus paredes”.

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Multan a juez que intentó impedir un aborto

ARGENTINA.-(AGENCIALAVOZ) En una decisión calificada de "inédita e histórica", el Superior Tribunal de Justicia del Chubut confirmó una multa de 1.500 pesos para juez penal José Oscar Colabelli, acusado de "falta grave" y "ejercicio abusivo del poder" al "intentar evitar la realización de un aborto no punible".
Los ministros consideraron que la conducta del magistrado constituyó "falta grave en el ejercicio de su función". La decisión es de mayo, aunque recién se conoció públicamente ayer a través de la prensa de Chubut, y habría sido apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.El caso es de 2012, cuando el magistrado se opuso al aborto legal de una nena de 12 años, residente en la región cordillerana, quien había sido violada. Su madre denunció el abuso sexual al verificar que el bebé ya tenía 16 semanas de gestación.
Por entonces, la fiscal general María Bottini se hizo cargo al considerar que se trataba de un "aborto no punible" y pidió autorización a Colabelli para extraer y preservar material biológico del cuerpo de la joven para su investigación e identificar al violador a través de su patrón genético.En concreto, dicha intervención quirúrgica "se haría en el Hospital Zonal de Esquel", según recordó el periodista Rolando Tobarez, quien siguió el hecho en forma pormenorizada.
Fue allí que Colabelli "no sólo no autorizó la extracción de ADN, sino que advirtió que la solicitud 'significa que implícitamente se pretende que se conceda autorización para la interrupción del embarazo, es decir un aborto". La fiscal insistió, pero sin éxito.
El caso terminó en manos de otros dos jueces, quienes resolvieron no expedirse respecto de la autorización del aborto no punible, simplemente porque "esa operación no necesitaba de su opinión para hacerse", más allá de que habilitaron extraer material biológico de la mujer afectada. Finalmente, el aborto se hizo.
La denuncia original ante el Consejo de la Magistratura fue firmada por Adriana Guerrero, en representación del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer; Karina Andrade, por la Fundación Madre Luna, y Raymunda Medina, en representación de la Casa de la Mujer de Puerto Madryn, quienes pidieron "la destitución de Colabelli por mal desempeño".
Fue ahora que trascendió que el STJ multó al juez del noroeste chubutense con 1.500 pesos, al tiempo que confirmó su "responsabilidad administrativa" y la "deficiente actuación del magistrado" en el proceso.

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Colombia:Nueva política del Gobierno a homosexuales será para perseguir a los cristianos

COLOMBIA.-(AGENCIALAVOZ) El ministro del Interior prometió que antes de finalizar el año Colombia tendrá una nueva política pública para la población homosexual.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, prometió este miércoles ante una comisión legislativa que antes de que finalice el presente año Colombia tendrá una nueva política pública para la población homosexual.

El ministro compareció este miércoles ante la Comisión Primera de Cámara de Representantes para dar explicaciones acerca de las medidas del Gobierno para prevenir, proteger y sancionar la violencia contra la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI).

Cristo reconoció durante su intervención que el Gobierno se ha demorado en la construcción de una nueva política pública para la población LGBTI, si bien afirmó que la administración del presidente Juan Manuel Santos "tiene el mayor compromiso".

Para subsanar ese retraso, Cristo dijo asumir "claramente el compromiso de comenzar a trabajar de inmediato".

Para poder implementar la nueva política pública destacó la necesidad de que mejore el censo de los casos de ataques a miembros de la comunidad homosexual de Colombia.

"Buena parte del problema para avanzar en esta política es la falta de información sobre los ataques a la población LGBTI. Hace falta tener más conocimiento sobre ello", concluyó.

El debate sobre la homosexualidad se ha reabierto con fuerza en las últimas semanas, especialmente después de que el pasado 28 de agosto una histórica sentencia autorizara a una lesbiana a adoptar como suya a la hija de su pareja.

La decisión judicial se conoció al tiempo que la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa, reconociera en una entrevista que mantiene una relación sentimental con su colega de gabinete Gina Parody, ministra de Educación.

Asimismo, el pasado martes el abogado Víctor Velásquez presentó una denuncia por la que pedía que se invalidase la investidura de la senadora Claudia López y de su pareja Angélica Lozano, miembro de la Cámara de Representantes, ambas del Partido Verde.

Según Velásquez, López y Lozano incumplieron un artículo de la Constitución que impide que dos miembros del mismo partido sean candidatos parlamentarios en la misma elección, al recordar que ambas fueron elegidas en los comicios de marzo pasado.

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