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MEXICO-. ( AGENCIALAVOZ.COM ) San Cristóbal de las Casas, Chis., 8 de agosto. El dirigente de la iglesia evangélica Alas de Águila y del Ejército de Dios, Esdras Alonso González, demandó penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) al director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) y a ejidatarios de la comunidad de Mitzitón.
Reveladoramente, argumentó: “Lo mismo hicieron en Acteal en 95, 96 y 97 (sic), cuando llevaron a nuestra gente a la cárcel de una manera que se ensañaron contra ellos, por eso responsabilizamos al Frayba si algo vuelve a pasar con nuestros hermanos; no es un hecho aislado”, declaró Alonso González este viernes a los reporteros en el quiosco de esta ciudad, acompañado por el pastor Refugio Díaz Ruiz.
El dirigente, quien fue uno de los primeros defensores de los paramilitares detenidos en 1998, junto con el también pastor Arturo Farela (siendo el primero, de oficio, Pedro Raúl López, hoy ombudsman estatal de los defensores de derechos humanos, y no “una pasante de 19 años”, como sostienen sus nuevos defensores mediáticos), aprovechando que la mitad de los presos por la masacre de Acteal podrían salir libres, informó, en su cárácter de asesor legal de los evangélicos de Mitzitón, que la PGR inició la averiguación APPR6/CHIS/SC/III/075/2009 contra Diego Cadenas Gordillo, director del CDHFBC; los indígenas Silviano Pérez Díaz, Juan Díaz Heredia y Manuel López Heredia, y el periodista Hermann Bellinghausen, “porque han estado golpeándonos por Internet diciendo mentiras contra nosotros”. Los delitos que integran la averiguación son “ataques a las vías de comunicación, contra la paz y la seguridad de las personas, la biodiversidad y allanamiento de morada”.
Sostuvo que los evangélicos de Mitzitón han sido agredidos desde 1999 por los “católicos tradicionalistas”. Resaltó la existencia de 11 averiguaciones previas “escondidas” en la Fiscalía Altos, adonde “tristemente las mandaron, porque era de competencia indígena”. El mismo Alonso González ha sido acusado de promover la posesión de armas para el grupo evangélico Guardián de tu Hermano (antecedente del Ejército de Dios) en el barrio La Hormiga.
En entrevista para la radio sancristobalense XEWM, el ex pastor “pidió” al gobierno y al Instituto Nacional de Migración investigar “la calidad migratoria” del enviado de La Jornada y que, “como extranjero”, qué hace en Chiapas y Mitzitón. Lo mismo pidió para Cadenas Gordillo, por “meter extranjeros a las comunidades”.
Por su parte, el gobierno de Chiapas divulgó un boletín sobre los acontecimientos en Mitzitón, citando su Ley Contra la Discriminación y su pronunciamiento a las juntas de buen gobierno zapatistas (2008).
En cuanto al proyecto carretero San Cristóbal-Palenque, denunciado como origen del conflicto que ya causó la muerte de un ejidatario opuesto a ella en sus tierras, dice que, “si bien es real, está en proceso de ser un proyecto ejecutivo”, y “aún se estudia la viabilidad precisa de su trazo, dado el extremo cuidado en la no afectación de tierras comunitarias o colectivas, zonas arqueológicas, impactos ecológicos y para evitar la división de comunidades”.
El proyecto “no se asocia a ningún tipo de boom de inversiones, ni mucho menos instrumenta estrategia alguna para el despojo o la adquisición de tierras”, sólo responde “al generalizado reclamo por la inviabilidad de la actual carretera”.
Refiere que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “no ha concluido el proyecto, ni el gobierno de Chiapas tiene conocimiento del trazo definitivo”, pero asegura que la autopista “no pasa por Mitzitón, por lo que nadie en dicha comunidad debe dejarse sorprender por quienes no les conviene a sus intereses particulares la paz duradera que vivimos en Chiapas desde la Sexta Declaración de la Selva Lacandona por parte del EZLN”.
El gobierno chiapaneco se comprometió a que, una vez que se conozcan el proyecto y el trazo, “se darán a conocer a parajes, comunidades, ayuntamientos y autoridades de cualquier índole”. Llama a una “mesa de atención y acuerdos para Mitzitón, en la delegación de Gobierno de San Cristóbal”, bajo la consideración de que los problemas “agrarios, religiosos y sociales” se deben “destensar” para “garantizar la convivencia social y armónica de la comunidad”. Para ello solicita “respetuosamente” al demandado CDHFBC “su voluntad de intervención para coadyuvar a la mediación entre las partes inconformes”. También convoca a la presidencia municipal de San Cristóbal, a las autoridades de la comunidad “y a los representantes de los diversos grupos religiosos”.
Esta “decisión unilateral” del gobierno de Chiapas (que no menciona al indígena muerto y los cinco heridos del 21 de julio) “es una muestra más de la voluntad permanente para la distensión de conflictos sociales a través de la apertura al diálogo”.
