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SAN JOSE-. ( AGENCIALAVOZ.COM ) La mayoría de centros evangélicos incumple los nuevos requisitos de seguridad, higiene y accesibilidad establecidos por el Ministerio de Salud, pese a que tuvieron dos años para ponerse en regla.
Reynaldo Salazar, presidente de la Federación Alianza Evangélica Costarricense, confirmó que de las 2.000 iglesias adscritas a esa organización solo 500 (el 25%) cumplen con las disposiciones.
Salazar indicó que las restantes 1.500 todavía se encuentran realizando las adaptaciones requeridas en sus locales.
A la cifra hay que agregarle un número desconocido de templos que no están afiliados a la Federación y cuyo estado es incierto.
Un reglamento emitido a mediados del 2007 y que entró a regir el 26 de julio pasado, exige a los templos tener alarmas de incendio, rótulos de emergencia y mecanismos para confinar sonido.
También establece que los locales deben disponer de rampas de acceso y baños adaptados para personas con discapacidad.
Obligatorio. El reglamento emitido por el Ministerio de Salud es obligatorio para todo templo religioso, ya sea católico, bautista o adventista, por ejemplo.
La iniciativa surgió como salida al conflicto surgido en el 2004 cuando el Ministerio de Salud cerró una serie de centros evangélicos descubiertos en cocheras, sótanos, talleres y viviendas.
En ese momento, las autoridades evangélicas calificaron la acción como “arbitraria” y “desproporcionada”.
Como solución, en el 2007 las partes acordaron emitir un reglamento que especificara por primera vez los requisitos de funcionamiento de los templos religiosos del país.
Incluso se negoció dar un plazo de dos años para que todos los locales se pusieran en regla.
Salazar manifestó que el principal obstáculo que han enfrentado para cumplir las nuevas disposiciones es la falta de dinero para realizar las remodelaciones.
A manera de ejemplo, mencionó que el Templo de San José–donde él es pastor– tuvo que destinar ¢5 millones para acondicionar el sitio.
El local se ubica en el centro de San José, frente al antiguo Registro Civil. “La inversión es millonaria y hay congregaciones pequeñas que no cuentan con los recursos ”, argumentó el pastor.
Salazar no pudo precisar cuántos evangélicos hay en el país. Una encuesta de Unimer para La Nación , de agosto del 2006, indicó que un 21% de la población practica dicha religión.
Más tiempo. Ante el atraso, la Federación solicitó a la ministra de Salud, María Luisa Ávila, una prórroga de 12 meses para cumplir con lo exigido en el reglamento.
“Nosotros queremos cumplir, pero un plazo de dos años es muy poco para una inversión tan significativa”, aseveró Salazar.
La petición fue enviada al despacho de la jerarca hace tres semanas, según indicó el pastor.
Ávila manifestó estar dispuesta a conceder el plazo, siempre y cuando las estructuras de los templos no representen un riesgo para las personas que se reunen allí.
La Nación comprobó en un recorrido efectuado la semana pasada que varios templos de Alajuela, San José y Puntarenas no solo incumplen con la nueva regulación, sino también con aspectos básicos de salubridad.
Algunos de estos locales funcionan en galerones fabricados con latas de zinc o de fibrolit y en segundas plantas de licoreras.
Estos lugares no presentan las condiciones para albergar a la cantidad de feligreses que convoca.
Poco control. Las posibilidades de que el Ministerio de Salud cierre aquellos templos que incumplan los nuevos requisitos son remotas.
Lo anterior debido a que las Áreas de Salud no realizan inspecciones de estos locales, excepto si reciben una denuncia ciudadana.
Así lo comprobó este diario en varias de las comunidades donde encontró templos en condiciones precarias.
Por ejemplo, Karina Garita, directora de la Región Central Sur del Ministerio de Salud, alegó que no se cuenta con personal suficiente para supervisar a los templos.
“Hay gran cantidad de trabajo y no solo tenemos a cargo las iglesias, hay más cosas de las que tenemos que estar pendientes”, detalló.
Un criterio similar externaron Andrea Morales, directora del Área de Salud de Coronado, y la técnica Rosa Delgado, del Área de Salud de Escazú.
No obstante, las tres funcionarias alegaron que sí existe una pronta respuesta estatal ante las denuncias presentadas por la comunidad
