5:02:00
SAN FRANCISCO .- ( AGENCIALAVOZ.COM ) El jefe de un grupo defensor de los valores familiares testificó el martes que el matrimonio se encuentra en una situación tal de debilidad en Estados Unidos que el extender la institución a parejas del mismo sexo podría significar su tiro de gracia.
David Blankenhorn, presidente del Instituto para los Valores Estadounidenses, un organismo privado, subió al estrado de los testigos para defender la prohibición de California a los matrimonios homosexuales.
"Según mi mejor discernimiento, si nos dirigimos hacia una adopción generalizada de matrimonios entre parejas del mismo sexo, creo que el efecto irá significativamente más allá y en algunos aspectos culminará el proceso de desinstitucionalización del matrimonio", señaló Blankenhorn.
Blankenhorn admitió que los heterosexuales eran responsables de la declinación del matrimonio, pero dijo que permitir casarse a los homosexuales aceleraría esa tendencia y conduciría posiblemente a la legalización de la poligamia.
Antes durante el día, un politólogo dijo que Iglesias poderosas, puntos de vista religiosos de los votantes y estereotipos homofóbicos tuvieron una enorme incidencia en la aprobación de la medida electoral en el 2008, que prohibió los matrimonios gays.
Kenneth Miller, profesor del Claremont McKenna College, señaló en contrainterrogatorio que no podría decir qué proporción de votantes apoyaba la prohibición debido a creencias o influencias teológicas.
Pero admitió que al menos algunas personas votaron con base en estereotipos y prejuicios homofóbicos, y que en la elección un factor crucial fue el carácter religioso de los votantes demócratas.
Miller también fue llamado como o testigo de la defensa en el juicio, el primero en una corte federal que examina si las leyes estatales que limitan el matrimonio a un hombre y una mujer violan los derechos constitucionales de homosexuales y lesbianas.
David Boies, abogado de los demandantes, dedicó varias horas a tratar de obtener de Miller declaraciones que pudieran apuntalar el argumento de que la Proposición 8 fue producto de un prejuicio arraigado en religión y no a una política pública válida.
