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MEXICO.- ( AGENCIALAVOZ.COM ) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, aplicar medidas cautelares de protección en favor de varias familias de los municipios de Huixtán, Zinacantán y San Cristóbal de las Casas que profesan la religión evangélica.
Mediante un comunicado el organismo mencionó que lo anterior se debe a los agravios que esas personas han recibido por parte de autoridades ejidales y municipales de esas localidades.
Las víctimas de intolerancia religiosa, se señala en el texto, han sido obligadas a abandonar sus lugares de origen, pues su integridad física y su libertad están en peligro, además de que sus domicilios y pertenencias están expuestos a sufrir daños.
Debido a que los hechos señalados por los quejosos podrían constituir violaciones a sus derechos humanos, la CNDH solicitó al titular del poder Ejecutivo de Chiapas la aplicación de medidas cautelares para evitar la consumación de hechos de difícil o imposible reparación.
Sin prejuzgar sobre la legalidad de los hechos motivo de las quejas, la CNDH hizo la petición al mandatario estatal con base en lo dispuesto en la ley del organismo, así como de su Reglamento Interno.
El organismo manifestó que la intolerancia y la persecución por motivos religiosos son prácticas muy frecuentes en México, sobre todo en las comunidades indígenas, cuyos pobladores profesan distintas creencias.
La CNDH lamentó que en algunos lugares del país se presenten todavía casos de intolerancia y persecución religiosas entre miembros de una misma comunidad y entre los de un mismo grupo familiar.
Agregó que las muestras de antagonismo religioso, por pequeñas que sean, exigen la acción inmediata del Estado, no sólo para evitar conflictos sociales sino también para robustecer la cultura del respeto a los derechos esenciales de las personas, la observancia de la ley y del Estado de derecho.
