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PUERTO RICO.- ( AGENCIALAVOZ.ORG )La práctica del aborto en menores de edad en Puerto Rico podría ser regulada e intervenida por un profesional de la salud mental, de prosperar un proyecto de ley avalado hoy por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).
La medida, que ordenaría al Departamento de Salud reglamentar la práctica y requerir la orientación de un profesional en torno a las consecuencias del aborto, se discutió en vista pública de la Comisión de Salud.
"(Estaríamos) protegiendo y salvaguardando la salud emocional de una menor que, independientemente de la situación que enfrenta ante un aborto, sigue siendo una menor", señaló la administradora Carmen Román Torres.
"Es responsabilidad ética y moral de los profesionales que intervienen, orientar, intervenir y asegurar su bienestar emocional", añadió.
El proyecto en cuestión es de la autoría de los representantes populares Víctor Vassallo Anadón y José Torres Ramírez, y del novoprogresista José "Pichy" Torres Zamora.
Las menores y el aborto
Actualmente, las menores de edad no necesitan el consentimiento de sus padres para someterse a un aborto. Sí deberían estar acompañadas por al menos uno de ellos de ocurrir complicaciones que requieran intervención en un hospital.
No obstante, el Departamento de Justicia recomendó que se requiera autorización de los padres para practicar el aborto.
"De no requerirse el consentimiento por parte de ambos padres o, en la alternativa, alguno de los padres, debe notificárseles al menos la intención de que su hija menor de edad pretende realizarse tal procedimiento", manifestó por escrito el secretario Guillermo Somoza.
El funcionario advirtió que, de aprobarse la legislación que permita que una menor se practique un aborto sin el consentimiento de sus padres, se debería tomar en cuenta que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estableció que corresponde a un tribunal determinar si una menor de edad está capacitada para tomar la decisión.
"Entendemos que los estados no deben legislar para quitarle esa facultad al tribunal y transferírsela solamente a una agencia pública, porque ello se desvía de los establecido en la jurisprudencia normativa", sostuvo Somoza.
