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| Pastor Jose Linares Cerón, Ciprofam Internacional, Dr. Alejandro Ordoñez Procudador General de Colombia |
COLOMBIA.- ( AGENCIALAVOZ.ORG ) “Y ocupa el primer puesto en la agenda nacional y por ello, ni la seguridad ni la prosperidad democrática tienen futuro”, afirmó el procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, en el marco del foro “El papel de la Procuraduría en la lucha contra la corrupción”.
El evento, que tuvo lugar en la Universidad de Medellín, fue presidido por el jefe del Ministerio Público; la secretaria general de la Universidad de Medellín, Esperanza Restrepo; la vicerrectora administrativa y financiera de esta institución educativa, Stella Saba López; la procuradora cuarta delegada ante el Consejo de Estado, María Patricia Ariza; el decano de la facultad de derecho de la Universidad de Medellín, Juan Carlos Vásquez Rivera; y el procurador regional de Antioquia, Elías Hoyos Salazar.
El jefe del Ministerio Público explicó a los estudiantes de la Universidad de Medellín cómo la reivindicación del Ministerio Público, primer reto asumido como procurador general de la Nación, ha consolidado a esta institución como una Entidad que lucha desde sus ámbitos disciplinario, preventivo y de intervención contra la corrupción.
Advierte el procurador Ordóñez Maldonado que la corrupción de ayer era elemental y “se reducía a pedir un porcentaje por la adjudicación de un contrato o una licencia y ello aún existe, hasta se ha indexado”, manifestó.
Seguidamente señaló que la corrupción de hoy es mucho más dramática porque se trata de cooptar a las autoridades de diferentes órdenes para a partir de ello, diseñar las políticas públicas y bajo esas circunstancias este fenómeno se convierte en una amenaza que deslegitima al Estado.
Según manifestó Ordóñez Maldonado, las estadísticas de la Universidad Externado de Colombia y del Fondo Monetario Internacional coinciden en que por lo menos el 13 por ciento del presupuesto se debe distribuir para adjudicar los contratos.
Bajo esa premisa, señala el Procurador, los colombianos pierden cerca de 9 billones de pesos por la corrupción de la administración y de las entidades públicas.
“Ello no es exclusivo y excluyente de los funcionarios públicos. La corrupción se ha democratizado, pues los particulares son en alguna medida beneficiarios de la corrupción”, indicó.
La debilidad institucional es otro de los factores que permite el fortalecimiento de la corrupción pues, indica el procurador, éstos carecen de control político y disciplinario.
La estrategia para luchar contra este fenómeno está en la cultura de la legalidad, manifestó el jefe del Ministerio Público quien hizo mención a una política y estrategia que vincule a la sociedad civil.
Para dar una respuesta desde la legalidad, la Procuraduría ha escogido casos paradigmáticos de corrupción para partir de allí, hacer una pedagogía hacia los ciudadanos y a los corruptos que permita relegitimar el Estado y reconstruir el tejido social.
Agregó que es necesario además producir decisiones en tiempos reales, es decir cuando aún los funcionarios ostenten la investidura. Para ello, los procesos verbales se constituyen en un instrumento eficaz, que utilizado con mesura, permite dar respuestas oportunas, demás que generar confianza y reconstruir la institucionalidad.
El Procurador General advierte que otro de los aspectos esenciales para construir la cultura de la legalidad está en la familia como escenario fundamental donde se transmiten los principios y valores. En ese sentido, la sociedad civil tiene que repensar y reconstruir las funciones de la familia y del conglomerado social, señaló el jefe del Órgano de Control.
“La cohesión social son los principios y valores los cuales en la actualidad están siendo molecularmente atacados y puestos en entredicho”, y por ello, es necesario luchar por su reconstrucción para no ser derrotados por la corrupción.
