ONU denuncia esterilización de discapacitados psíquicos en Perú

PERU.- ( AGENCIALAVOZ )El Comité de la Naciones Unidas dio a conocer sus observaciones y conclusiones del informe relativo a Perú sobre Derechos de las Personas con Discapacidades, expresando su “profunda preocupación” por la potencial esterilización de personas consideradas “mentalmente incompetentes” sin su previo consentimiento. El informe que fue debatido en Ginebra, instó al gobierno del presidente Ollanta Humala abolir las directivas que permiten la esterilización forzada de personas con discapacidades psíquicas. El organismo sostuvo que esta es una práctica que se efectúa como “método de contracepción”, es decir anticonceptivo “sin su consentimiento libre e informado” de los afectados. Pero no solo eso, el organismo internacional también expresó su preocupación por el hecho de que no existen servicios de rehabilitación para el 81 por ciento de la población discapacitada y solo el 1,42 por ciento de las personas con esta problemática está cubierto por programas de la seguridad social. Por otro lado, el informe llama la atención sobre la falta de programas de detección temprana de la sordera en niños. En este contexto, este organismo de la ONU urgió al Gobierno de Perú a elaborar programas sanitarios integrales que garanticen que las personas con discapacidad sean atendidas de manera específica y tengan acceso a servicios de rehabilitación y sanidad generalista. Es importante, asimismo, que el Estado ponga a disposición de este colectivo adecuados servicios de detección temprana de la discapacidad para minimizar y prevenir problemas futuros desde la infancia. Larco Herrera Otro asunto que suscitó la inquietud del comité fueron las informaciones reiteradas acerca de la medicación forzada y de las malas condiciones materiales de las instituciones psiquiátricas, poniéndose el ejemplo concreto del hospital Larco Herrera. Indicó que algunas personas han sido “institucionalizadas” en este centro por periodos de tiempo superiores a los diez años sin una rehabilitación apropiada. Además, pidió al Gobierno que investigue con urgencia las informaciones sobre trato cruel, inhumano o degradante y sobre castigos de los que son víctimas los pacientes psiquiátricos. En cuanto a los discapacitados con largas estancias en centros psiquiátricos o que viven en zonas rurales, el comité denunció que en muchos casos no tienen documento de identidad oficial e, incluso, se da la circunstancia de personas que ni siquiera tienen nombre. Esterilizaciones se pueden extender El parlamentario Michael Urtecho, integrante de la Comisión de Salud, Población, Familia y Personas con Discapacidad, advirtió que es un grave delito que los médicos o instituciones del Estado pueden atribuirse la capacidad de decidir por otras, y menos en el caso de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. “Si bien las personas que tienen incapacidad física o mental a veces no se encuentran en condiciones de tomar decisiones, siempre existen tutores, familiares o titulares que los representan, en esos casos cualquier acción debe ser consultada y ellos la deberán evaluar y luego expresar”, sostuvo. El legislador sostuvo que el Gobierno debe levantar las observaciones que se han hecho de conocimiento mundial por la ONU.