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Esta información fue confirmada por el abogado Agustín Amonte, quien presentó un recurso de revocación y jerárquico contra la reglamentación de la ley de legalización del aborto, consensuada en el Parlamento de Uruguay. Amonte calificó como “amenazas” la exigencia de justificar el motivo por el cual un médico decide no practicar el aborto a un paciente que lo solicite.
Antes de poder presentarse ante la Comisión Interamericana, los involucrados deberán agotar todas las instancias en el Poder Judicial local, incluida la Suprema Corte de Justicia, y luego podrán remitirse al organismo internacional, que tendrá que aceptar como válida la petición. Se trata de un proceso que puede demorar años.
Según subraya el mencionado diario, Briozzo entiende que existen profesionales que firmaron la objeción de conciencia para evitar seguir esos procedimientos, pero que su negativa no tiene que ver con motivos filosóficos, morales o religiosos, como se prevé en la norma, sino por otras cuestiones.
“Los médicos no van a seguir permitiendo que Briozzo diga los disparates que está diciendo. Se va a llegar hasta las últimas consecuencias para responsabilizar al Ministerio de Salud Pública y al Estado uruguayo”, aseguró Amonte.
Pese a la resistencia de ciertos sectores religiosos, en octubre del año pasado el Parlamento aprobó el proyecto de despenalización del aborto. La reglamentación entró en vigencia a fines de noviembre, no libre de polémica.
