EL Salvador-. ( AGENCIALAVOZ.COM ) La muerte hace una semana de 32 personas en un autobús, que fue arrastrado por un río desbordado, dejó al descubierto la vulnerabilidad de la capital salvadoreña y encendió un debate que reclama “medidas de prevención” al gobierno.
Las escalofriantes imágenes del autobús a la deriva en las turbulentas aguas del río, la lenta respuesta de los cuerpos de socorro, el crudo testimonio del único sobreviviente y la desesperada búsqueda de cádaveres acapararon los medios de comunicación.
“Que quede el peso moral de todas estas muertes sobre la conciencia de aquellas personas que tienen la potestad y la obligación de tomar medidas en esos puntos (de la ciudad) reconocidos como vulnerables, y que pudiendo haberlo hecho no lo hicieron”, declaró el pastor de la iglesia Elim, Mario Vega, a la televisión local.
A pesar de la conmoción, Vega declinó este jueves interponer una demanda contra el estado en un tribunal, debido a que “el sistema judicial adolece de muchas faltas”. “Preferimos apoyarnos en el aspecto ético y moral”, subrayó.
Sin embargo, el pastor reconoció el derecho de los familiares de las víctimas a demandar al Estado.
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, adelantó este jueves que comenzó a levantar un expediente con el “testimonio” de los familiares de los muertos para determinar si en el caso hubo “negligencia”.
En 2005, el gobierno -con una inversión de 18 millones de dólares- desarrolló diferentes obras en el centro y sur de San Salvador para evitar desbordes del río que para muchos fueron “insuficientes”.
Ante la andanada de críticas, el presidente Elías Antonio Saca declaró a la prensa que “hay que revisar” la situación de las llamadas “obras de mitigación” realizadas en el pasado reciente mediante “estudios pertinentes”.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, adelantó que han encargado un diagnóstico a un experto. “Vamos a entrar rápidamente a trabajar en la Málaga (zona del percance) para la tranquilidad y seguridad de las familias”, indicó Nieto.
El Salvador, con 20.742 km2 y 5,8 millones de habitantes, es un país altamente vulnerable a los terremotos provocados por las centenares de fallas que lo atraviesan y las inundaciones y deslizamientos de tierra.
Las autoridades tienen identificadas 618 zonas de alto riesgo por fenómenos naturales.
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