Editorial - Libertad de prensa en Peligro en Ecuador

ECUADOR-. ( AGENCIALAVOZ.COM ) La decisión del gobierno de Rafael Correa de enviar, el martes, la policía para incautar tres canales de televisión -dos de ellos, Gamavisión y TC Televisión, y otro, Cablecentro, por cable- tomó por sorpresa a los ecuatorianos y tiene preocupados a sus medios de comunicación, que se preguntan por las ulteriores intenciones de una medida que ha sido justificada por razones legales.

La incautación, por parte de la estatal Agencia de Garantía de Depósitos, se lleva a cabo luego de un largo proceso jurídico contra los hermanos William y Roberto Isaías, dueños de Filanbanco -un banco que el Estado debió asumir en 1998 luego de una crisis financiera- y quienes se encuentran en Miami, pedidos en extradición por el Ecuador. Ambos serían los propietarios de 195 empresas -entre las cuales se encuentran los canales incautados- y tendrían con el Estado cuentas pendientes por más de 660 millones de dólares.

El ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, alegó que "no es para tener medios de comunicación, lo que quiere el Estado es tener patrimonio que le permita cumplir con obligaciones financieras".Hasta aquí, desde el punto de vista técnico y legal, en principio, no habría reparos (aunque la decisión provocó un remezón interno en el Gobierno y la renuncia del ministro de Finanzas). La medida sobreviene al cabo de un largo proceso judicial, y el gobierno de Rafael Correa toma las medidas del caso para recuperar unos activos. Sin embargo, concurren otros elementos que llaman a estar alerta y han motivado la explicable preocupación de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) y otros medios.

Correa ha mostrado reiterada animosidad contra los principales medios de comunicación de su país, muchos de ellos críticos de su proyecto político, y ha tenido públicos choques con varios de ellos. La jugosa presencia de publicidad estatal en el relanzamiento de uno de los decanos de la prensa ecuatoriana, El Telégrafo, luego de ser incautado a otro banquero, y la inversión en el canal nacional de televisión indican que el Presidente no descuida la necesidad de contar con "sus" medios de comunicación. Además, la coyuntura en la que se da esta incautación, ante un crucial referendo que en septiembre debe validar o negar las decisiones de la Asamblea Constituyente, y con la popularidad de Correa en declive desde hace unos meses, lleva a preguntarse si, tras la medida, no existe la intención de controlar algunos influyentes medios televisivos. Paralelamente, se clausuraron, por otras razones, varias emisoras en el Guayas, entre ellas Radio Sucre, caracterizada como de oposición.

El diario El Universo, de Guayaquil, calificó la intervención de "un atropello a la libertad de expresión disfrazado de reivindicación social". En igual sentido se pronunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). La Aedep fue más cuidadosa, pero no menos clara, en un comunicado en el que rechazó toda posible acción contra la libertad de expresión que pueda derivarse de la incautación y llamó al Gobierno a no manipular el contenido informativo y editorial de los canales afectados, y a mantener su total independencia informativa.

Preocupa que una de las primeras decisiones oficiales haya sido el nombramiento de un director periodístico para los canales. Habrá que esperar, pero ojalá no se esté ante decisiones que, bajo la cobertura de argumentos legales, reediten la funesta tradición que otros gobiernos de la región han empleado para coartar la libertad de expresión