EE.UU-. ( AGENCIALAVOZ ) Suena triste decirlo, pero es apocalíptico. No hay otra manera de decirlo. Es apocalíptico".
El que me habla así es un nicaragüense de 31 años que vive en el estado de Minnesota, en el centro norte del país. Cuando conversé con él, hacía pocos días que habían detenido a su esposa para deportarla a Nicaragua.
El que me habla así es un nicaragüense de 31 años que vive en el estado de Minnesota, en el centro norte del país. Cuando conversé con él, hacía pocos días que habían detenido a su esposa para deportarla a Nicaragua.
Para el momento de su detención, la mujer estaba amamantando al bebé. Según el testimonio de la familia, cuando les hicieron notar que la alimentación del bebé dependía de la madre, un agente contestó: "en los supermercados hay mucha leche".
"Nosotros condenamos esa acción. Consideramos que es un abuso a la integridad física y humana de este niño ciudadano americano", le dijo Norah Sándigo, presidente de la Fraternidad Americana, una organización no gubernamental que representa legalmente a hijos estadounidenses de personas indocumentadas.
"Andan como de como de cacería. A ellos no les importa nada", me dice el papá del bebé.
Este viernes, la mujer fue devuelta a su casa con un brazalete electrónico en el tobillo para monitorear sus movimientos mientras se decide cómo continuará el proceso de deportación en su contra.
Miles de casos
Al igual que esta familia nicaragüense de Minnesota, hay miles de familias en todo el país que han vivido experiencias parecidas.
La Fraternidad Americana calcula que si continúa la deportación de indocumentados, más de cuatro millones de niños estadounidenses podrían ser separados de sus padres.
Andan como de como de cacería. A ellos no les importa nada.
Nicaragüense residente en MinnesotaCasi todas esas personas han sido detenidas en las llamadas redadas, que son visitas que hacen los agentes de inmigración a las viviendas de personas indocumentadas.
Los operativos se llevan a cabo normalmente de madrugada para poder agarrar a las familias antes de que salgan para sus trabajos o sus lugares de estudio.
Se solicitó una entrevista con la oficina de Inmigración, pero no obtuvo respuesta.
En su página web, sin embargo, la agencia describe estos operativos como "un esfuerzo para combatir la grave amenaza para la seguridad nacional que representan los inmigrantes ilegales que cruzan nuestras fronteras".
En recientes declaraciones públicas, un representante de Inmigración aseguró que gracias a estas redadas ya se ha logrado la deportación de cerca de 8 mil personas que han cometido distintos tipos de delitos.
No a la Fuerza Aérea
Los grupos que defienden a los inmigrantes advierten que estos operativos pueden estar provocando resentimientos de ciudadanos estadounidenses contra su propio país.
"Mi hijo quería entrar a la Fuerza Aérea, pero ahora cambió de opinión. Dice que ya no vale la pena dar la vida por este país", me dice un colombiano de Florida, padre de tres niños estadounidenses y a quien le deportaron a la esposa hace cinco meses.
Otra dificultad con la que se encuentran las familias en esta situación es la realidad económica de sus países.
La oficina de inmigración dice que los indocumentados son "una grave amenaza" contra la seguridad nacional.Una muchacha de origen nicaragüense que vive en Miami le contó a que su papá y su hermano fueron deportados a su país hace poco y "no están haciendo nada, porque no hay nada que hacer allá".
Los grupos que se oponen a la inmigración de indocumentados argumentan que estas personas violaron concientemente las leyes de este país y que merecen ser devueltas a su lugar de origen.
Tras el fracaso del Congreso a mediados del año en aprobar una nueva ley migratoria, el enfrentamiento entre los que quieren sacar a los indocumentados y los que quieren que se queden, se trasladó a otros terrenos, como el de los tribunales.
Norah Sándigo, de la Fraternidad Americana, encabeza una demanda contra el presidente Bush ante la Corte Suprema en representación de los menores de edad estadounidenses cuyos padres han sido deportados.
En el mismo terreno, el miércoles un juez federal de California ordenó suspender un plan del gobierno para obligar a las empresas a despedir a sus trabajadores indocumentados.