
ESPAÑA-. ( AGENCIALAVOZ.COM ) «Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». Así reza el artículo 92.1 de la Constitución Española, un argumento en el que se apoya el Instituto de Política Familiar (IPF)
para sumarse a la iniciativa encabezada por Concapa y la plataforma Derecho a Vivir: la celebración de una consulta popular sobre la futura Ley del Aborto que proyecta el Gobierno presidido por Zapatero. La asociación se ha puesto como meta un millón de firmas que pidan al Ejecutivo la celebración de un referéndum. Y el pasado domingo Derecho a Vivir reconoció que «rozaban» la cifra. «El Gobierno está imponiendo unilateralmente la nueva Ley del Aborto, ya que la ha realizado a espaldas de su electorado y con la oposición frontal de la sociedad», comentaba ayer el presidente del IPF, Eduardo Hertfelder, que recordó que esta reforma «no estaba en su programa electoral». Así, desde el IPF, consideran que la futura legislación ha sido ya «rechazada frontalmente» por el resto de la «sociedad en general», como se vio «en las manifestaciones de marzo y de junio de 2009», así «como por intelectuales –manifiesto de más de 3.000 firmas–, médicos, etc.».Herteflder considera que estamos ante una «ley regresiva que va a aumentar aún más el número de abortos». Además, «afecta directamente a la sociedad en general, a la madre que se ve abocada al drama del aborto, a los hijos que dejan de nacer y a los padres a los que se les elimina la patria potestad». Por ello, desde el IPF se «insta al Gobierno a la realización de un referéndum que ratifique o no dicha legislación».Mientras, Derecho a Vivir prosigue con su calendario de actos coincidiendo con los días de Navidad. Para hoy, y a bordo de una cabalgata, el Rey Melchor y un paje tienen planeado entregar un saco de Carbón en la sede de la Unión Europea en Madrid, con motivo de la Presidencia de la UE del Gobierno español.