El colmo de la ideología de género: no sólo se pretende imponer a fuego y sangre una legislación antinatural, pretenden además acallar toda crítica, considerando delincuente a toda persona que defienda la verdad del matrimonio natural
El mundo al revés. Bajo el paraguas de la no discriminación, Costa Rica podría criminalizar a quienes defienden el matrimonio entre hombre y mujer. Es lo que cabe interpretar del proyecto de ley 19.062 llamado “Ley para combatir la discriminación, la incitación al odio y la apología del odio y la discriminación” impulsada por el Frente Amplio, actualmente en discusión en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
Entre uno y tres años de cárcel
El nuevo ‘pomposo’ texto endurece las penas por discriminación y las amplía a razones de identidad sexual. Es decir, que poner en cuestión el matrimonio entre personas del mismo sexo podría merecer sanción penal. El tipo está penado con cárcel de uno a tres años, pago de multa, boqueo de webs, trabajos comunitarios, retractación pública y programas de reeducación y sensibilización.
De aprobarse esta ley convertiría a Costa Rica en un territorio sin libertad de expresión ni libertad religiosa.
La Iglesia costarricense ya ha mostrado su preocupación. El proyecto de ley no sólo sanciona los actos personales sino también los comunitarios, los realizados por organizaciones o instituciones. No tienen nombre y apellidos, pero no hace falta. El proyecto de ley va directamente contra la Iglesia.
Si se promulgara la ley, ¿la Iglesia no podría predicar su magisterio sobre el matrimonio?, ¿estaría sometida a contingencia penal?, ¿a eso le llaman ampliación de derechos?
Así se expresaba monseñor Óscar Fernández Guillén, obispo de Puntarenas y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica:
“En ningún apartado de dicho proyecto se ha explicitado que esta ley, eventualmente, no inhibirá la libertad de las confesiones religiosas respecto de su concepción acerca del matrimonio y de la familia (…) Una ley contra la discriminación no puede ser discriminatoria con ellas, al impedirles presentar públicamente sus convicciones y prohibir que sus instituciones sociales, medios de comunicación e instancias educacionales trabajen libremente conforme a sus principios. Lo contrario sería un atentado contra la libertad religiosa y los principios democráticos”.
Varios grupos de ciudadanos han iniciado una campaña para frenar este proyecto de ley que sería letal para la libertad de expresión, el matrimonio, la familia, la libertad religiosa y los mismos valores democráticos.
Nos repugna pero lamentablemente no nos sorprende ya. Porque la ideología de género representa una forma de la dictadura del relativismo. No sólo se pretende imponer a fuego y sangre una legislación antinatural, pero ello no les basta, pretenden además acallar toda crítica, considerando delincuente a toda persona que defienda la verdad del matrimonio natural entre mujer y varón. Pero, ¿dónde hemos llegado? Esto es dictadura y de las peores. Quien se expresa con respeto y manifiesta sus convicciones, ¿cómo puede ser considerado un delincuente? ¿Nos vamos deslizando poco a poco hacia el totalitarismo del pensamiento único?
No sólo los sacerdotes católicos podrían ser incriminados sino los pastores evangélicos y los rabinos, si en su predicación amparada supuestamente por la libertad de cultos expresaran la verdad del matrimonio entre hombre y mujer. Pero también cualquier laico por expresarse en forma oral o escrita, podría ser perseguido penalmente por esta “legislación” peculiar. Dar una convicción con respeto nunca puede ser considerado un delito.
Si esto siguiera así, favorecido y promovido por algunos organismos internacionales, penetrados hace años por la perspectiva de género radical feminista y gay, la Humanidad del postmodernismo caería en una degradación moral tal, casi similar, a la que supuso la caída del Imperio Romano en su momento.
De supuestas víctimas, estos grupos LGTBI quieren pasar a ser victimarios sin ningún tipo de tapujos ni vergüenza. Y con la ayuda de los Estados. Es absolutamente descarado. Viola la laicidad. No debe el Estado imponer una visión de la persona y de la sociedad impidiendo que otros tengan una diferente.
Debemos reaccionar urgentemente porque esto si no acabará muy mal
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