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República Dominicana .- ( AGENCIALAVOZ.COM ) El reverendo Reynaldo Franco Aquino presidente del Consejo de la Unidad Evangelica dominicano-CODUE-, sostuvo que hay que buscarle una solución integral al derrumbe del sistema energético que constituye una vergüenza nacional para los dominicanos, ya que sino se resuelve este grave problema no se puede hablar de progreso, ni de desarrollo.
“Necesitamos un marco legal que armonice con una práctica ciudadana que garantice de manera concreta los derechos de todos los dominicanos sin establecer diferencias. Si la reforma constitucional es vista como la oportunidad de un partido o grupo para imponer sus intereses estaríamos como nación dando un paso en falso”.
Manifestó que son válidas todas las consultas y análisis que sean necesarios para que nos demos una Constitución acorde con las aspiraciones mas autenticas de nuestros ciudadanos. Por eso pedimos que esta reforma constitucional se realice a través de una asamblea constituyente para así garantizar una participación más amplia y plural de todos los sectores de la nación.
Reconoció, a los congresistas Milciades Franjul, Eugenio Cedeño y Carlos Peña, de las provincias Peravia, La Romana y el Distrito Nacional, respectivamente, por su oportuno y sobre todo valiente gesto de solicitar de manera pública y formal, en un documento firmado por 123 diputados, el sometimiento al Congreso de un proyecto de ley que declare el 31 de octubre de cada año como el “Día Nacional de la Comunidad Evangélica y Protestante”, que coincide con el Día Internacional de la Reforma Protestante.
“Nos sumamos a la posición de nuestros hermanos congresistas quienes consideraron que la Suprema Corte de Justicia debió declararse incompetente ante el recurso de inconstitucionalidad sobre el Concordato porque no se corresponde con los criterios de libertad e igualdad que no solo consagra nuestra Constitución, sino todos los códigos universales que reconocen la dignidad humana en sus expresiones más acabadas”.
Deploró este fallo por complaciente y parcial sobre el Concordato, acuerdo que surgió en el año 1954 en una coyuntura histórica para justificar apetencias políticas de la tiranía más cruenta y despiadada conocida en América Latina. Pero también declaramos nuestro desinterés en el caso, pues a quien afrenta el Concordato es la iglesia Católica, cuyas autoridades, por todos los pronunciamientos hechos por los sectores socialmente más avanzados, deberían ser las más interesadas en la anulación de este acuerdo, que por su historia y configuración no puede ser menos que calificado de oprobioso. Es la Iglesia Católica que debería gestionar la anulación del Concordato, no los evangélicos.
Señaló que aunque desde el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), no se le ha solicitado a ninguna instancia oficial la anulación del Concordato, éste se representa una pieza jurídica anacrónica e infuncional que no se corresponde con el proceso de cambios y transformaciones que se vive en la actualidad y que solo sirve para mantener en vigencia el contubernio oneroso entre la iglesia Católica y el Estado y para extender contra la luz y la esperanza que vislumbra un horizonte más solidario y humano, la sombra perturbadora de un funesto pasado inquisitorial e intolerante que todos deberíamos aspirar a que sea felizmente superado.
La Comunidad Evangélica, con sus organizaciones representativas han consensuado un proyecto de ley que regule, como se ha hecho en otros países, las relaciones entre las iglesias protestantes o no católicas con el Estado.
Pedimos que el proyecto de ley, nombrado como “Ley General de culto en la República Dominicana” sometido a iniciativa del diputado Carlos Peña, y que fue sometido y ampliamente discutido por las organizaciones representativas de la comunidad evangélica con la participación de la mayoría de sus líderes, sea aprobado con la urgencia posible por el congreso.
Aprovechamos la ocasión para agradecerle a la comisión de congresistas que está trabajando con este proyecto de ley, muy especialmente al diputado Carlos Peña, quien ha sido su principal promotor y al mismo un férreo opositor al controversial proyecto de ley que en nombre de la lucha contra el narcotráfico está pretendiendo que derriben a las naves sospechosas y se autoricen la compra de los famosos aviones Tucanos ,ninguna persona que tenga la mas mínima sensibilidad y el más remoto temor a Dios apoyaría tal iniciativa
Definitivamente, los evangélicos y las iglesias evangélicas hemos venido siendo integrados al escenario público, desde donde se construyen las agendas de interés nacional y se asumen responsabilidades para la acción política y social.
Seguiremos construyendo de manera activa y directa nuestros aportes a los temas de la democratización de la sociedad, la lucha contra la pobreza, la seguridad social, la corrupción, el narcotráfico, crisis energética, migración haitiana, la violencia, la criminalidad, la administración de justicia, la inclusión social, etc. son, entre otros, la agenda pública que nos colocan en una frontera de misión no tradicional que requiere especialización, y una cohesión institucional, para construir opinión pública.
Por otro lado destacó que en los últimos años se ha producido una explosión en el crecimiento de las iglesias evangélicas en el país, alcanzando un 20% que cambia la conformación religiosa de años atrás. El crecimiento numérico de las iglesias ha permitido que el testimonio evangélico se disemine masivamente por todo el territorio nacional, y con la profesión de fe de connotadas figuras del medio artístico, empresarios, altos militares y personalidades claves de diversos sectores de la sociedad, el evangelio cobra matices más relevantes.
Felicitó que por primera vez en nuestra historia legisladores evangélicos que han formado su liderazgo sobre la práctica de su fe y en la base social de sus iglesias locales, desde el mismo Congreso Nacional convocaran a la prensa para reclamar igualdad religiosa y deplorar con toda firmeza y responsabilidad el desafortunado fallo de la Suprema Corte de Justicia que confirma como constitucional el adefesio jurídico del Concordato.
Finalmente enfatizó que nos encontramos frente a un enorme desafío social, los pronósticos más serios coinciden en afirmar que en América Latina, como el resto de los países llamados del tercer mundo continúan creciendo aceleradamente los problemas sociales que ya hemos padecido en las últimas décadas, la pobreza en sus niveles más inhumanos, la marginalidad, la miseria y la inseguridad y la injusticia social.
