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Por Oscar Moha
MEXICO-. ( AGENCIALAVOZ.COM ) Familiares de los presos por el Caso Acteal acusaron a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas de las Casas de crear un clima de linchamiento en contra de los evangélicos, señalándolos como “un grupo paramilitar que debe pagar por los crímenes que ha cometido”, sin que la Iglesia Católica hasta el momento aporte nombres y apellidos de las personas a las que señala como “culpables” de la masacre perpetrada el 22 de diciembre de 1997.
Ante la posibilidad de que el próximo 14 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordene la liberación de otros 59 indígenas que están presos desde hace casi 12 años acusados de haber asesinado a 45 personas en Acteal, Chiapas, un grupo de 30 evangélicos, entre ellos 10 niños, llegaron a la Ciudad de México el martes pasado y alertar a sus familiares sobre las amenazas.
Estela Pérez, quien encabeza el Comité de Familiares y Amigos de los Inocentes Presos por la Masacre de Acteal, señaló que ella misma ha sido amenazada en su domicilio, por lo que interpuso una denuncia, pero hasta el momento no ha sido atendida.
El pasado 20 de septiembre los obispos Felipe Arizmendi y Felipe Díaz firmaron una carta dirigida al Presidente Felipe Calderón en la cual hacían responsables a los liberados de la integridad física de los familiares asesinados en Acteal. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, de corte católico, acusó a la Suprema Corte de “negligente” al ordenar la libertad de los acusados, solicitándoles que no haga lo mismo con los demás.
Estas acusaciones se suman a las del grupo denominado “Las Abejas” identificado con el Partido Revolucionario Institucional, que también han provocado agresiones en contra de los evangélicos, al grado que hasta algunos pastores cristianos han sido intimidados para que no atiendan las necesidades de los indígenas en libertad, dijo Estela Pérez.
Como se recordará, la Suprema Corte ordenó el pasado 13 de agosto la libertad de 20 indígenas evangélicos, acusados injustamente de haber asesinado a 45 personas que se encontraban orando en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, por la fabricación de pruebas que la Procuraduría General de la República inventó en contra de más de 80 acusados.
Los primeros 20 liberados viven actualmente en Tuxtla Gutiérrez, ya que no pueden regresar a su comunidad, y ante la impotencia del gobierno para garantizar su seguridad, por las amenazas que pesan sobre ellos.
Datos de los directivos de “El Amate”, penitenciaría en donde pasaron más de 11 años purgando una condena injusta, señalan que, “en general el grupo evangélico (más de 75) -que fueron detenidos por el Caso Acteal- no dieron problemas, y su comportamiento ha sido ejemplar, incluso algunos de ellos sirvieron de modelo a otros internos”.
De los 59 indígenas que todavía están en El Amate, 37 de ellos interpusieron un amparo, por lo que se espera que de un momento a otro la Corte orden su liberación inmediata, y 22 más no cuentan con este recurso legal, pero que por el número de inconsistencias jurídicas en el proceso deberán ser excarcelados.
La organización No Gubernamental Voz de los Mártires expresa su reconocimiento a la Suprema Corte e invita al gobierno de Chiapas y al Federal para que se conforme una “Mesa de Reconciliación” con todas las partes involucradas para que se restituya la armonía y paz en la región, incluyendo a la Iglesia Católica, pues es injusto que después de haber pasado casi 12 años de su vida en presidio, los indígenas inocentes ahora deban vivir con temor.
