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BOLIVIA.-(AGENCIALAVOZ) El debate nuevamente salió a flote en el país después de que una parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó hace unos meses un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional para posibilitar la despenalización del aborto.
Pero si la resolución del conflicto dependiera del voto de los cochabambinos, la campaña no prosperaría, pues siete de cada 10 (72 por ciento) se opone a la despenalización. Los que la apoyan abiertamente sólo llegan a 14 por ciento, mientras que el 13 por ciento restante se abre a la posibilidad de que se permita “sólo en algunos casos”.
No hay diferencias apreciables en las opiniones de hombres de hombres y mujeres: 73 por ciento de la población masculina y 71,5 por ciento de la femenina que dicen no a la iniciativa de despenalización.
En cuanto a edades, el grupo etario que más oposición manifiesta es el de 55 años en adelante (78 por ciento). Y aunque sigue siendo mayoría, el rechazo es menor en los grupos comprendidos entre los 26 y 35 años (68 por ciento).
Las respuestas negativas surgen pese a que uno de cada cuatro cochabambinos (25 por ciento) afirma que conoce a una persona cercana que sí tuvo un aborto. Separando por sexos, son más las mujeres que saben de alguien que abortó: 28 por ciento, contra 19 por ciento de la población masculina. En cuanto a edades, la mayor incidencia se da en el grupo de 17 a 25 años (31 por ciento), mientras que el grupo etario que menos conoce de estos casos es el de 55 años en adelante: 4 por ciento.
Un fenómeno extraño ocurre sin embargo cuando al encuestado se le consulta si cree que la persona que se sometió a un aborto debería ir a la cárcel. El 75 por ciento no tiene una respuesta precisa, lo que deja un vacío en este sentido. El 14 por ciento cree que no y el 8 por ciento cree que sí. De tomarse en cuenta sólo las respuestas de sí o no, la primera tendría un apoyo del 8 por ciento contra un 14 por ciento de la segunda.
En síntesis, la población cochabambina, pese a no estar de acuerdo con la despenalización del aborto, tampoco se siente capaz de juzgar o de exigir una sanción contra la persona que se somete a esta práctica.
Cuando se separan las respuestas por nivel educativo, los resultados guardan cierta proporción. En todos los niveles (primario o ninguno, secundario, bachiller y universitario), se impone un No rotundo a la despenalización. Eso sí, la negación a esta posibilidad encuentra su mayor “pico” en las personas consultadas que llegaron a nivel secundario, donde se llega al 82 por ciento, mientras que el sector que completó una carrera universitaria responde con un No sólo en 64 por ciento, porcentaje alto, pero menor al promedio general. Los que sólo hicieron el nivel primario o salieron bachilleres “empatan” con 76 por ciento en la respuesta negativa.
Un dato llamativo es la influencia del nivel de educación de la madre. El 60 por ciento de quienes tuvieron una madre que no llegó a completar su carrera universitaria se pronuncia a favor de la despenalización. Es el único caso en el que son mayoría quienes se pronuncian por esta alternativa. Por lo demás, en los otros casos sobre el grado de instrucción de la madre, se impone el No.
Dos frases interesantes
Más del 50 por ciento de los cochabambinos está de acuerdo con la frase de “La voz del Pueblo es la voz de Dios”. Si se asume consecuencia, habría que decir que la población cochabambina estaría de acuerdo con no despenalizar el aborto, pues la mayoría vota por el no. El 39 por ciento no está de acuerdo con esta afirmación. Asimismo, la mayoría rechaza la legalización de las drogas.
De la misma manera, ante la frase “Solamente deben cumplirse la leyes que son buenas” obtiene resultados muy similares a la anterior pregunta. Más de la mitad apoya la idea, y sólo el 39 por ciento la rechaza. El resto de los porcentajes se reparten entre las opciones “muy de acuerdo” y “muy en desacuerdo”, con mayor peso sobre la primera. Estas respuestas dan pie para suponer que muchas leyes deberían cambiarse, pues no son aplicables. De cualquier manera no parece que estas leyes tengan que ver con despenalizar el aborto o legalizar las drogas.
LA POSICIÓN EN ESTE ASPECTO ES CERRADA EN TODOS LOS ÁMBITOS
83% se opone a que legalicen drogas
Algunas personas creen que se debería castigar tanto al que consume como al que produce o trafica drogas, mientras que otras piensan que se debería legalizar algunas drogas y dejar que los adultos decidan. Esta disyuntiva fue expuesta a los cochabambinos en la encuesta de Los Tiempos para que se pronuncien sobre alguna de estas dos opciones.
¿Los resultados? la población cochabambina todavía se muestra cerrada al cambio o al debate en este aspecto. El 83 por ciento de las personas encuestadas se encuentra de acuerdo con la primera opción (castigar al consumidor, productor y traficante), mientras que sólo el 16 por ciento apoya la posibilidad de la legalización.
Tampoco hay diferencias sustanciales en las opiniones en cuanto a sexo, pues el 84 por ciento de los hombres rechaza la legalización, mientras que en las mujeres esa misma respuesta alcanza al 82 por ciento.
El rechazo a la legalización de drogas es también contundente en todos los grupos etarios, pero la posición negativa parece incrementarse con la edad, pues mientras el 78 por ciento de las personas comprendidas entre los 17 y los 25 años se pronuncian por la primera alternativa (rechazo a la legalización), el porcentaje sube hasta el 87 por ciento en los encuestados con edades superiores a los 55 años.
Las respuestas tampoco parecen guardar correspondencia con el nivel educativo, pues el mayor porcentaje de rechazo (90 por ciento), se encuentra en los bachilleres, superando incluso a quienes sólo hicieron ciclo primario (88 por ciento) y secundario incompleto (87 por ciento). Eso sí, el rechazo disminuye entre quienes hicieron carrera universitaria (77 por ciento).
La legalización de las drogas es uno de los modelos propuestos por activistas e instituciones pro derechos individuales para la modificación de las leyes que prohíben la tenencia, el consumo, suministro y producción de drogas. El argumento central está basado en el derecho fundamental de que cada persona tiene el derecho a elegir cómo quiere llevar su vida, lo que incluye la obligación del estado de respetar la decisión del ciudadano.
