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ESPAÑA.-(AGENCIALAVOZ) Las conclusiones que extrae el inform es que se trata de un proyecto de adoctrinamiento e ingeniería social, ya que “tiene graves repercusiones para la libertad y los derechos fundamentales; onerosas consecuencias para las empresas y administraciones públicas de la Generalitat y administración local”, y “establece un estatuto privilegiado para las personas que se declaran GLBT y para sus asociaciones”. Entre las conclusiones, considera que el proyecto de Ley “fomenta la homosexualidad y bisexualidad en la sociedad, los medios de comunicación, la escuela, y la universidad, las empresas y las Administraciones Públicas”.
El proyecto, de aprobarse, estaría situando a los ciudadanos, a sus asociaciones, instituciones, empresas, administraciones públicas, y confesiones religiosas en condiciones de discriminación hacia aquellos grupos, y en riesgo de sufrir represalias arbitrarias. Además, según el documento, el proyecto hace equivalentes a todos los grupos GLBT (gais, lesbianas, bisexuales y transexuales) haciendo extensivos determinados derechos que disfrutan los homosexuales, como el matrimonio, y la adopción, los bisexuales y los transexuales. Sin embargo, este planteamiento es frontalmente contrario al marco legal español e internacional, que no contempla estas formas de relación sexual como sujetos específicos de derecho.
“Los privilegios que se otorgan son en razón de una pretendida discriminación que se presupone que no puede ser satisfecha por la legislación existente de carácter general y específica contra la homofobia. La realidad es que los grupos GLBT son los que más atención reciben de los poderes públicos, que le dedican recursos económicos vía subvenciones y convenios mucho mayores en términos relativos que al resto de organizaciones y grupos sociales”, advierte e-Cristians.
El documento subraya el hecho de que sea difícil contemplar discriminación hacia este colectivo cuando Cataluña y Barcelona, considerada una ciudad “gay friendly”, son uno de los centros homosexuales de Europa y así son presentados en las promociones turísticas internacionales. “Diversas manifestaciones homosexuales se realizan a lo largo del año, Barcelona Pride Parade, Barcelona Circuit, de una semana de duración, el Dia de l’Orgull Gai, els Jocs Gais, el Festival de Cinema Gai i Lèsbic” y “todos ellos reciben el apoyo abundante de las administraciones públicas. No hay ningún otro tipo de grupo social equivalente que disfrute de tantos privilegios”.
El hecho, es que, según la asociación, la Generalitat ya ha generado toda una normativa específica que otorga a los GLBT unas ventajas que no tienen ningún otro grupo social tales como el 28 de junio de 2005, el Programa para el colectivo gay, lésbico y transexual; el 5 de septiembre de 2006, el Plan Inter departamental por la no discriminación de las personas homosexuales y transexuales. En la misma línea, el Decreto del 26 de junio del 2007 del Consejo Nacional de lesbianas, gais y hombres y mujeres bisexuales y transexuales (no existe ningún otro consejo para un grupo específico, ni siquiera para las familias). Además, Barcelona es la única ciudad de España que dispone de un fiscal especial para delitos sobre la homofobia (transformada en delitos contra la discriminación por falta de casos). “Precisamente su actividad en Barcelona permite constatar el número muy bajo de delitos denunciados y aún más insignificante el número de condenas producidas”, constata el documento.
La predilección oficial por los grupos del homosexualismo político comportó que la Generalitat se afiliase a una organización privada internacional ILGA, Associació Internacional de Gais i Lesbianes, siendo la única institución gubernamental del mundo presente en dicha organización.
El documento constata que el proyecto de Ley no se trata de un marco de protección que sería redundante con la legislación existente, sino de un verdadero programa dirigido a favorecer y fomentar a los Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales, como portador de una concepción del ser humano y la sociedad que constituye un verdadero proyecto político que quiere transformar la sociedad y sus instituciones en beneficio propio.
“La cuestión de fondo del proyecto es decisiva. Se trata de si se puede aceptar que unas opciones afectivas sexuales definan por si solas la identidad humana. Esta pretensión significa una ruptura con la antropología humana que parte de la unicidad del ser humano. No hay ninguna otra legislación en Europa que plantee nada parecido”, concluye.
