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ESPAÑA-.(AGENCIALAVOZ) La primera de las cuestiones citadas es la transparencia y la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos, en particular durante las etapas finales de la guerra en 2009. El texto insta a la justicia «por el asesinato de miles de civiles inocentes», y pide que se inicie una investigación internacional sobre las personas desaparecidas, por el uso de bombas de mano y también por el uso de armas químicas.
El segundo punto es la confiscación de las tierras de civiles tamiles: el 90% de los territorios ocupados durante la guerra aún no ha sido devuelto a sus legítimos propietarios. Incluso la Iglesia Católica y ha perdido en las tierras confiscadas, tres parroquias con numerosas iglesias, capillas y escuelas. Muchas tierras costeras fueron confiscadas, de manera totalmente arbitraria, y dadas a los funcionarios militares o civiles, para construir complejos de lujo o residenciales, en detrimento de los pescadores locales.
Otra denuncia, en el tercer punto es el «control obligatorio demográfico» de la población tamil, en gran parte de fe católica. Las mujeres en el distrito de Kilinochchi son llevadas al hospital y obligadas, con información médica manipulada, a tomar progesterona (con implantes subcutáneos) como método anticonceptivo.
Es difícil - cuarto punto - la situación de los miles de «presos políticos» tamiles que languidecen en las prisiones estatales, algunos desde hace más de 15 años. Se trata de civiles, mujeres, ancianos, enfermos, a menudo acusados de haber dado comida a la guerrilla. Al obispo Rayappu Joseph le ha sido negado el permiso para visitarlos.
Quinta cuestión, debido a la presencia militar, especialmente en la región de Vanni las familias tamiles con chicas jóvenes viven con el temor constante: hay muchos casos de abuso sexual por parte de los militares que quedan en la impunidad. En las zonas dejadas por el ejército, como ocurrió en el territorio de Jaffna, se encontraron restos humanos y tumbas, que podrían ser de los «desaparecidos».
Por último, el texto denuncia la «colonización, étnica, cultural y religiosa», patrocinado por el gobierno, por parte de los colonos singaleses, inmigrantes en masa para «convertir» y «normalizar» las zonas históricamente tamiles. El gobierno - dice la Comisión «Justicia y Paz» - ha influido mucho en las elecciones del Consejo Provincial, continúa censurando los medios de comunicación y todas las formas de disidencia, incluso con la intimidación y las amenazas, ignorando por completo el camino de «la justicia, la paz y la reconciliación».
