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| Chile debate hoy un “Acuerdo de Vida en Pareja”, destinado a regular la convivencia, sea heterosexual o de minorías sexuales. Pero para algunos es el principio del fin: el primer paso para la legalización del matrimonio homosexual. |
CHILE.-(AGENCIALAVOZ) El proyecto de ley del “Acuerdo de Vida en Pareja” (AVP) se encuentra actualmente en el Congreso Nacional, a la espera de los pasos legislativos inherentes a su tramitación. La normativa busca “un contrato, que pueden celebrar dos personas, del mismo o distinto sexo, con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común. No altera el estado civil de los contratantes”. Llama la atención la redacción del cuerpo jurídico: en primer lugar, indica a las parejas “del mismo sexo”.
Por mucho que el mundo se jacte de sus redes sociales y avances tecnológicos, aún existen asuntos conceptuales en discusión; entre ellos, lo que se conoce como “temas valóricos”.
Por una parte, están las minorías sexuales que buscan poner fin al sentimiento grupal de considerarse discriminados.
En Chile, su contraparte está representada por dos actores, estrechamente vinculados: la derecha y la iglesia. Su unión es férrea y se remonta a los albores de la República, hace poco más de 200 años. La derecha es inconcebible sin la Iglesia… y viceversa.
El fuego de la disputa arde. “Me parece que tratar de ponerme una mordaza a través de los tribunales para que yo no pueda emitir mi opinión, que por lo demás es mayoritaria a nivel nacional, se acerca bastante a una intolerancia de los grupos que piden tolerancia", declaró la senadora electa Jacqueline van Rysselberghe, de la UDI, Unión Demócrata Independiente, partido de centroderecha.
La parlamentaria se pronunciaba así respecto al recurso de protección entablado en su contra hace un par de días por el Movimiento de Liberación Homosexual (MOVILH) en base a declaraciones que la agrupación consideró como atentatorias a su dignidad y discriminatorias. La petición judicial se hizo extensiva a otros dos parlamentarios del partido: Víctor Pérez y María Angélica Cristi.
La senadora fue más allá: "La gran mayoría de los chilenos, al igual que yo y que los parlamentarios de la UDI, consideran que los derechos de las minorías tienen que estar resguardados, me refiero a los derechos civiles, pero eso no significa que uno tenga que estar de acuerdo con todas las cosas que ellos plantean".
“Homofobia cavernaria"
La polémica se remonta a algunas semanas atrás. Entonces, la parlamentaria declaró a un medio periodístico chileno: “Detrás del matrimonio homosexual lo que está es la adopción de hijos. La totalidad o la gran mayoría de los parlamentarios de la UDI están conscientes de que los derechos de los niños están por sobre los derechos de la minoría. Qué culpa tiene un niño de que lo adopte una pareja homosexual. A pesar de que no pueda sufrir ningún menoscabo en su calidad de vida, sí va a sufrir el peso de la discriminación”.
Lo que enfureció al Movilh fue aquello de “que culpa tiene un niño de que lo adopte una pareja homosexual”. La primera reacción del movimiento fue visceral, acusando a la congresista de una “homofobia cavernaria".
El grupo puntualizó su postura: "Ellos (parlamentarios de la UDI) han hecho afirmaciones injuriosas y calumniosas cuando señalan que las familias homoparentales son un peligro para los niños. Ellos van a tener que demostrar en Tribunales cuáles son los peligros, con datos científicos duros, con testimonios, el peligro que significamos las parejas gay y lesbianas para esos niños", declaró Jiménez al diario chileno La Tercera.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso de protección. Así, esta guerra de declaraciones asciende a un punto superior de debate: el de los estrados judiciales.
“Palabras, palabras, palabras”, diría Hamlet. El conflicto surge cuando las palabras hieren como cuchillos. Será la justicia la que se pronunciará.
Existe, además, otro asunto en debate: la libertad de expresión. Efectivamente, ¿por qué la diputada van Rysselberghe no podría dar a conocer su opinión respecto a un tema que para ella es de importancia gran importancia valórica y sobre el cual tiene un parecer que le interesa difundir? ¿Por qué se habría de atentar contra ese derecho, esencial?
Lo que se viene
De aprobarse el “Acuerdo de Vida en Pareja” –hay bastantes probabilidades de que así suceda-, ello puede dar espacio a un punto revolucionario en el debate: lisa y llanamente, la posibilidad de legislar en torno al matrimonio homosexual. En este sentido, el país estaría haciendo eco de la experiencia de tres pares sudamericanos pioneros en la materia: Argentina, Uruguay y Brasil.
Recientemente, la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, declaró: "Vamos a seguir impulsando el Acuerdo de Vida en Pareja en el Congreso, y la próxima semana vamos a tener dos sesiones para tramitar esta iniciativa". Sus palabras serían muy válidas, salvo por un detalle: el actual gobierno entrega el poder en menos de dos semanas.
Las nuevas autoridades -encabezadas por Michelle Bachelet- aún no se han pronunciado sobre este tema en particular.
La imposibilidad de la concepción
Altos dirigentes de la derecha y la iglesia –católica y evangélica, es necesario destacarlo: ambas han expresado su malestar ante la iniciativa- son del todo contrarios al “matrimonio homosexual”. Sus descargos se centran en diversos aspectos, pero siguen una ligazón fundamental: la crianza de los niños.
Sin coordinación aparente, ambos grupos coinciden en que los menores deben criarse en el marco de una pareja heterosexual. De no ser el caso, plantean, se verán enfrentados a discriminación frente a sus pares.
Las minorías sexuales se defienden. Piden estudios científicos que puedan ratificar la verdad. Lo cierto es que ni la derecha ni la Iglesia han mostrado textos científicamente validados.
Curiosamente, no han sido los católicos quienes han manifestado mayor rechazo a la posibilidad (tarde o temprano, la discusión se instaurará en Chile) de que se concrete el matrimonio homosexual: las mayores críticas han venido del mundo Evangélico, el que ha planteado que el matrimonio homosexual es manifestación de “una enfermedad” y que es “contrario a los principios de Dios”.
La discusión es fuerte y son dos de los tres poderes del Estado –el Legislativo y el Judicial- los pronunciarse sobre el tema.
La batalla es parte de las urgencias que enfrentará el Gobierno de Bachelet y materia de Estado. Algo impensable diez años atrás y que muestra cómo las sociedades cambian… y seguirán cambiando.
