miércoles, 15 de octubre de 2014

Por qué pese a sus leyes anti familia el aborto sigue siendo intocable en Argentina

Embarazada (Foto: Getty)


ARGENTINA.-(AGENCIALAVOZ) Fue el primer país latinoamericano en aprobar el matrimonio gay, en 2010, y la adopción por parte de parejas del mismo sexo.


Marcó otro hito mundial al sancionar, dos años más tarde, la primera ley de identidad de género que permite a las personas trans usar su nombre y sexo de elección en sus documentos y operarse para adecuar su género sin costo.


Y en 2013 volvió a ser pionero, aprobando una legislación que permite a cualquier adulto (casado o soltero, heterosexual o gay) acceder a técnicas de fertilización asistida de manera gratuita.
Marcha en Chile (foto: AP)
El gobierno de Chile anunció que actualizará su legislación sobre el aborto.                     
Sin embargo, hay un tema social sobre el que Argentina no ha cambiado su política en casi un siglo (ni planea hacerlo en el futuro cercano): el aborto.


Mientras que la vecina Uruguay despenalizó la práctica en 2012, y en Chile se armó una polémica tras el anuncio del gobierno de que presentará un proyecto para permitir el aborto terapéutico, en Argentina actualizar la legislación vigente no forma parte de la discusión pública.




La ley actual sobre el aborto data de 1921 y establece que la práctica está permitida cuando corre riesgo la vida o la salud de la madre, o en casos de violación.


Desde que comenzó a gobernar Cristina Fernández de Kirchner, en 2007, un grupo de unas 250 ONG llevan adelante una "Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito", pero sin embargo no han logrado que el tema siquiera sea debatido por las autoridades.


El pasado 7 de octubre, Fernández promulgó un nuevo Código Civil que plantea cambios sustanciales en asuntos como el matrimonio, el divorcio y la adopción.


No obstante, el Código mantiene el statu quo sobre el tema de aborto, conservando el criterio actual de que "la existencia de la persona comienza con la concepción".


Según algunos analistas, esta definición complica cualquier discusión futura sobre la posible despenalización del aborto.

 
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