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El pasado viernes 26 de junio, el Tribunal Supremo estadounidense decidió imponer la legalización del matrimonio homosexual en todo el país, también en los estados en los que el matrimonio seguía siendo sólo la unión entre un hombre y una mujer.
Ante esta imposición del Supremo se han rebelado funcionarios de estados como Texas o Misisipi, que aseguran que no emitirán licencias de matrimonio a las parejas homosexuales que lo soliciten por una cuestión de “objeción religiosa”.
“Yo defiendo mi libertad religiosa. Creo que el matrimonio es para un hombre y una mujer porque así lo dice la Biblia”, dijo al periódico “The Texas Tribune” Katie Lang, secretaria del condado texano de Hood. Sin embargo, esta decisión podría costarle tanto a esta secretaria como a los otros funcionarios que se nieguen a casar homosexuales, enfrentarse a multas o demandas.
Las reacciones políticas a la objeción de conciencia de los funcionarios no se han hecho esperar. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha ofrecido ayuda legal a aquellos funcionarios de condados que no quieran oficiar bodas entre homosexuales, ya quenadie les puede obligar a ir contra sus creencias religiosas.
Paxton ha asegurado que pondrá a disposición de quienes deseen alegar objeción de conciencia para no casar a parejas homosexuales“numerosos abogados listos para asistir a los funcionarios que defiendan sus creencias religiosas”. Las declaraciones de Paxton han sido muy aplaudidas entre aquellos que no creen que el Supremo tenga derecho a imponer a los estados que no aceptaban el matrimonio homosexual su legalización.
Sin embargo, la reacción entre algunos demócratas ha sido muy distinta y han pedido a la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, que garantice “que los funcionarios de Texas no se burlen de la decisión del Supremo y discriminen a parejas del mismo sexo”.
