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Según revela documentación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Planned Parenthood destinó 3.002.257 dólares a tres organismos no gubernamentales con sede en Perú: El Instituto Peruano de Paternidad Responsable (INPPARES), sucursal oficial de la organización estadounidense, la organización abortista Católicas por el Derecho a Decidir y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX).
Entre 2013 y 2015 estas organizaciones feministas, entre otras, promovieron la legalización del aborto en Perú, promocionando lemas como “derecho a decidir” y “salud sexual y reproductiva”.
Recientemente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Perú rechazó un proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto en casos de violación.
En los últimos días, dos videos difundidos por el Center for Medical Progress (CMP, Centro para el Progreso Médico) de Estados Unidos destaparon el escándalo de que Planned Parenthood vende órganos de bebés abortados en sus instalaciones por montos que van desde los 30 a los 100 dólares “por espécimen”.
Sobre el caso, el Congreso y diversos estados de ese país han anunciado que abrirán investigaciones contra la multinacional abortista.
Según su reporte de 2014 en APCI, PROMSEX recibió de Planned Parenthood un total de 718.617 dólares para proyectos relacionados con el aborto y la anticoncepción, que se debían ejecutar entre 2013 y 2015. De estos, más de 160 mil dólares están destinados a “fortalecer el debate público para reducir el estigma sobre el aborto”, así como “posicionarlo en la agenda política”.
En el presupuesto de PROMSEX, 201 mil dólares tenían como fin conseguir “la opinión favorable entre los congresistas tomadores de decisión” sobre temas de aborto y anticoncepción.
Por su parte Planned Parenthood otorgó a Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) 275 mil dólares durante los últimos dos años.
De este dinero, 225 mil dólares estaban destinados a posicionar “los derechos sexuales y reproductivos, con acceso al aborto legal, en la agenda pública y sanitaria”.
Los 50 mil dólares restantes fueron destinados a promover en Lima y tres regiones del interior del país “la exigibilidad del derecho a decidir como garantía para el ejercicio pleno de derechos sexuales y derechos reproductivos y la laicidad del estado peruano”.
A su vez, INPPARES recibió 2.008.640 dólares. De estos, 1,5 millones de dólares están destinados al proyecto “Atención a las Mujeres Ahora”, destinado según el sitio web de la ONG a ejecutar “acciones para la reducción de la morbilidad y mortalidad relacionada con el aborto inseguro en el Perú”.
Otros 150 mil dólares entregados por Planned Parenthood, INPPARES los destinó a promocionar el “derecho a decidir”, eslogan abortista en Perú, así como a promover “acceso a servicios de salud sexual reproductiva para jóvenes menores de 25 años”.
La filial peruana de Planned Parenthood dispuso de otros 32 mil 500 dólares para promover la “salud sexual y reproductiva” –anticoncepción y aborto– en el distrito de Villa El Salvador, uno de los más pobres de Lima.
Más de 25 mil dólares INPPARES los usó para adquirir implantes anticonceptivos subdérmicos, mientras que los más de 300 mil dólares restantes fueron destinados a gastos operativos de la organización.
En declaraciones a ACI Prensa, Carlos Polo, director de la Oficina para América Latina Population Research Institute, señaló que “la información de la APCI confirma que las campañas abortistas en el Perú se originan en Nueva York (Estados Unidos), en la oficina central de Planned Parenthood”.
“Las autoridades deberían controlar estos ingresos porque estas actividades no tienen nada que ver con la cooperación internacional, sino que son intervenciones de reingeniería social. Esto no es ayuda a los peruanos”, advirtió.
Para Polo, los millones de dólares invertidos en la promoción del aborto son “un escandaloso intento de modificar nuestra cultura para instalar un negocio con la muerte de niños por nacer”.
“Cualquier intención sincera de ayuda humanitaria al Perú, no apoyaría el aborto que tiene un rechazo mayoritario en el país, sino miles de posibilidades diferentes para necesidades básicas de peruanos en extrema pobreza”, aseguró.
El director del Population Research Institute lamentó que “esto también genera odiosos problemas colaterales como una industria de ONGs promotoras del aborto. Los voceros del aborto como INPPARES, PROMSEX y las llamadas Católicas por el Derecho a Decidir son empleados a sueldo que corrompen autoridades locales para disfrutar de estos cuantiosos fondos”.
“Conociendo la existencia de este dinero es más fácil entender por qué algunos congresistas o políticos defienden una causa tan impopular como el aborto”, señaló.
Fuente: Aciprensa
