MEXICO-.( AGENCIALAVOZ.COM ) De 1970 hasta hoy, se cuadruplicó la población con una religión evangélica o protestante, al mismo tiempo, aumentaron los casos de intolerancia religiosa que han obligado a muchos de los nuevos creyentes a abandonar sus casas y comunidades e, incluso, buscar refugio en otro país.
Entre otros, está el caso del matrimonio formado por Primitivo Alavés Hernández e Inés Ruiz Cruz, originarios de San Miguel Aloapam, Oaxaca, quienes en diciembre de 2006 solicitaron su residencia en Estados Unidos, argumentando ser víctimas de persecución religiosa. Primitivo y su esposa, quienes residían de manera ilegal en Estados Unidos desde 1997, fueron detenidos por autoridades migratorias, y así fue como su caso llegó a los tribunales, donde podría sentar un precedente que coloque a México entre los países donde existe la persecución por motivos religiosos. Oscar Moha, portavoz de la Barra Nacional de Abogados Cristianos, explica que tienen varios casos como éste, donde los evangélicos fueron expulsados de su comunidad en 1991 por pertenecer a una iglesia evangélica. Ante la imposibilidad de vivir en su lugar de origen, por las agresiones de católicos y autoridades tradicionales, decidieron irse a Estados Unidos, donde reciben el apoyo de una iglesia evangélica. La historia de Primitivo e Inés, es una entre muchas que ocurren en todo la República Mexicana, pero principalmente en los estados del sur. Antes de resignarse a abandonar su comunidad, ellos, sus padres, hermanos, tíos y amigos fueron golpeados, insultados, amenazados e incluso excluidos de servicios públicos como el acceso a agua potable o al transporte público por decisión de las autoridades municipales.
RIESGOS DE NO SER CATÓLICO EN MÉXICO
Expulsiones, secuestros y amenazas de muerte son algunos de los riesgos que conlleva profesar una religión distinta de la católica. Los niños y los jóvenes también sufren las consecuencias de la persecución. Uno de los casos más graves, es el de Lorenzo López López, un joven de 20 años que fue torturado, ahorcado y sepultado por unas 30 personas que lo acusaron de predicar el evangelio en la comunidad, en junio de 2007 en Jomalhó, municipio de San Juan Chamula, Chiapas. Al asesinato del joven chiapaneco se suma, en el reporte de la Barra Nacional de Abogados Cristianos, la destrucción de dos templos por autoridades locales y católicos, uno en Tenguecho Michoacán, el 14 de junio, y otro en Nichnantic, comunidad chamula, en Chiapas, el 22 de julio. El Informe 2007 sobre Libertad Religiosa del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sostiene que el gobierno federal respeta por lo general la libertad religiosa en la práctica. Sin embargo, los deficientes mecanismos de aplicación de la ley han permitido que dirigentes de comunidades en Chiapas y otros estados discriminen a personas con base en sus creencias religiosas Los gobiernos a nivel federal y municipal no suelen castigar a los responsables de actos violentos motivados por cuestiones religiosas. En abril de 2007, en el Municipio de Zinacantán, una "población maya tzotzil en el estado de Chiapas", autoridades locales encarcelaron a Juan Méndez, dos días después de su conversión, y lo amenazaron con desnudarlo y pegarle. A la mañana siguiente fue liberado sin cargo alguno, pero la comunidad evangélica se sintió muy amenazada tras este incidente, detalla. Los informes exponen la falta de intervención de las autoridades federales en la materia, concretamente la Dirección General de Asuntos Religiosos (DGAR) de la Secretaría de Gobernación, al detallar el caso de Abbot Avelino Solano, miembro de la comunidad evangélica del poblado de Pascala del Oro, en el municipio de San Luis Acatlán, Guerrero. Avelino Solano fue encarcelado, y su familia fue amenazada con la expulsión. La DGAR declaró que líderes comunitarios habían encarcelado al sujeto por no haber cumplido con sus responsabilidades laborales y no por sus creencias religiosas. Hay tres puntos negros en Chiapas y dos más en Oaxaca. En el primero, en la comunidad de Socaltenango están expulsando a 18 familias, entre ellos niños y jóvenes, porque no han querido pagar la cooperación de 2 mil 500 a 4 mil pesos para las fiestas (católicas) del pueblo. Pese a haber más de 22 denuncias penales en diferentes estados del país, las procuradurías generales de justicia no han querido ni siquiera iniciar averiguaciones previas.
CATÓLICOS RECONOCEN LA PERSECUCIÓN
Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México, reconoció que el fenómeno existe, y que es resultado de la falta de apertura y de libertad religiosa en México. Sobre el nivel de las agresiones, que incluyen violencia y destrucción de inmuebles, aseguró que es, también, un problema de educación en lo que es el hecho religioso. Los agresores, dijo, ni siquiera saben lo que es ser un católico, porque la esencia del catolicismo es el amor y el respeto al prójimo, y eso implica poder convivir perfectamente con las demás religiones. Ante la falta de respuesta de las autoridades, la Barra Nacional de Abogados Cristianos ha comenzado su propia lucha, y promueve la realización de talleres sobre libertad religiosa en zonas indígenas.
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