Piden a Rey de España no firmar decreto que haría legal triturar bebés abortados

MADRID.- ( AGENCIALAVOZ.COM ) El P. Joan Manuel Serra, sacerdote del Obispado de Sant Feliu de Llobregat, pidió al Rey Juan Carlos de España, no firmar el real decreto que modifica el reglamento de la policía mortuoria y que haría legal el uso de máquinas "trituradoras de bebés", de hasta siete meses de gestación, en las clínicas abortistas.

En una carta abierta, el sacerdote recordó que el actual reglamento "obliga a las ‘clínicas’ abortistas a considerar como cadáveres a los restos de un aborto, cuando ya son restos humanos ‘de entidad suficiente’", es decir, a las once o doce semanas de gestación; y trasladarlos a un cementerio para "su posterior incineración o entierro digno".
Sin embargo, tras el escándalo de la clínica Ginemédex, donde se descubrió el uso de máquinas trituradoras para ocultar abortos tardíos ilegales; el Gobierno, "con el supuesto respaldo del principal partido de la oposición", ha propuesto cambiar el reglamento de la policía mortuoria "para que los ‘restos’ de un aborto no sean considerados ‘restos humanos de entidad suficiente’ hasta después de las 28 semanas de gestación", es decir, cerca a los siete meses de embarazo.
"Majestad, estamos llegando a unos niveles de inhumanidad totalmente inadmisibles que ponen en riesgo el mismo fundamento de nuestra sociedad", alertó el sacerdote, pues "si no protegemos el derecho a la vida de todos", incluso del más débil, estamos poniendo "los fundamentos de una sociedad muy violenta que acabará por autodestruirse".

El sacerdote dijo al Rey Juan Carlos que si se mantiene el actual reglamento, "de enterrar o incinerar debidamente los restos humanos de un aborto a partir de las pocas semanas, entonces, como mínimo ya se da un mensaje humanizador a la sociedad. Esto ya hará pensar y recapacitar a mucha gente sobre el valor de la vida humana desde el momento de la concepción".
"En cambio –advirtió–, si aceptamos sin resistencia de ningún tipo que sea legal triturar y tirar por el desagüe una criatura abortada de siete meses, entonces damos un paso de gigante hacia la inhumanidad más brutal del paganismo".
Por ello, "en el nombre del Dios de la Vida", exhortó, "no firme este Real Decreto de la infamia".
"Majestad, que España sea famosa en el mundo entero por su humanidad y no por su inhumanidad. Usted, como jefe de Estado, con la ayuda de Dios, que no le faltará, puede empezar a hacerlo posible", afirmó el sacerdote.

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- Varios Pastores desaprueban el ‘Programa 287(g)’.

Georgia, USA -. ( AGENCIALAVOZ.COM ) Varios líderes religiosos acudieron a la Oficina del Alguacil de Gwinnett el pasado jueves 25 para expresar preocupación sobre la posible implementación del programa 287(g), que permite iniciar el proceso de deportación de indocumentados desde la cárcel. El alguacil Butch Conway, sin embargo, se negó a reunirse con miembros de la organización Atlantans Building Leadership for Empowerment (ABLE).

Después de agarrarse de las manos y orar la llamada ‘Oración del Extranjero’, los aproximadamente 20 lideres y activistas se movilizaron a la sede del Departamento de la Policía de Gwinnett para también exigir una reunión con su jefe, Charles M. Walters, con el mismo objetivo. Pero tampoco tuvieron éxito.

La relacionista pública de la policía de ese condado, Illana Spellman, explicó que el acuerdo 287(g) no es implementado por la policía de Gwinnett. En caso de ser aprobado, sería ejecutado por la Oficina del Alguacil.

“Queremos conversar sobre cómo los latinos están siendo víctimas de perfil racial y son juzgados por su color”, recalcó el reverendo Gregorio Williams. “Nosotros no toleramos el perfil racial”, repitió –por su parte– en varias oportunidades Spellman.

Por su lado, el pastor Carlos A. Gutiérrez, de la iglesia Monte Sinai, en Norcross, mencionó que en una oportunidad vio un vehículo de la policía estacionado frente a la puerta de la iglesia esperando a que salieran los feligreses del servicio del domingo. “No había nadie más en esa zona, todo estaba cerrado”, aseguró Gutiérrez.

“Si saben de algún problema con la conducta de un funcionario de la policía necesitan reportarlo lo más pronto posible. En ese momento se le puede pedir al supervisor que haga acto de presencia donde hay el problema. Es obligatorio que lo haga”, recalcó Spellman.

Miembros de ABLE –una organización religiosa multiracial que incluye sindicatos, iglesias y organizaciones de base– planean acudir a la Junta de Comisionados de Gwinnett para plantear sus preocupaciones sobre el 287(g).

La Oficina del Alguacil del condado de Gwinnett todavía está esperando que las autoridades federales tomen la decisión de aprobar o no el programa 287(g), según funcionarios de esa entidad.

Un representante del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijo a MundoHispánico que Gwinnett solicitó participar en el programa pero que hasta el momento las autoridades federales no han firmado el acuerdo.

Si aprueban el programa, los oficiales designados tendrán que recibir un entrenamiento, que se calcula tomaría cinco semanas. Sin embargo, no hay clases disponibles para entrenar a los oficiales hasta principios del próximo año. Por ello, de aprobar ICE la solicitud, la Oficina del Alguacil de Gwinnett no podrá implementar el programa hasta el próximo año.

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Suspenden dos años de empleo y sueldo a la secretaria del juez del 'caso Mari Luz'

MADRID.- ( AGENCIALAVOZ.COM ) El Ministerio de Justicia ha impuesto una sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo a Juana Gálvez, la secretaria judicial del Juzgado de Sevilla del que es titular Rafael Tirado, por su actuación en un caso relacionado con el presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés.

Según ha informado el Ministerio, la sanción a Gálvez ha sido impuesta por una falta grave de negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, lo que desembocó en un "cúmulo de omisiones y errores" que le llevó a un "grave incumplimiento de sus deberes profesionales", ya que no ejecutó la sentencia que condenaba por abusos a su hija a Santiago del Valle, luego detenido por la muerte de la niña de Huelva.
Aunque el instructor del expediente a la secretaria había propuesto que la sanción fuera de 6 meses de suspensión, el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo justifica la decisión de imponer una de dos años "por la gravedad del perjuicio causado a los ciudadanos con la actuación de la funcionaria".

"Tanto la naturaleza de las penas impuestas, cuya ejecución se dilató de manera indebida, como los hechos que motivaron la condena, requerían de un especial celo en la tramitación", asegura la nota de Justicia, debido a la condición de menor de la víctima como a la alta reincidencia en estos casos.
Hay una buena noticia para la sancionada, ya que se considera que no hubo mala intención en sus actos. Además, para no imponerle la máxima multa, que podría haber sido de tres años de suspensión, se argumenta el reconocimiento de su trabajo por parte de otros funcionarios.
Críticas de los secretarios judiciales

Los secretarios judiciales han tachado de "auténtico escándalo" la sanción impuesta a su compañera y creen ser la "cabeza de turco" para ocultar las carencias de Justicia.
El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, al que pertenece la secretaria sancionada, ha considerado el castigo "desmesurado" y ha advertido de que lo sucedido en el Juzgado de Sevilla "puede pasar en cualquier momento y en cualquier lugar". "Se ha optado por hacer sangre en la parte más débil", ha señalado.
Por su parte, el portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, Emilio López Durán, ha dicho que la sanción impuesta a Gálvez es "como mínimo desproporcionada" porque al juez Rafael Tirado se le impuso una multa de 1.500 euros por estos mismos hechos, según ha explicado.

El juez Tirado, que fue quien mantuvo en libertad al presunto autor de la muerte de Mari Luz y por ello el CGPJ le sancionó con 1.500 euros, aseguró que siempre que la causa estuvo bajo su control se tramitó con celeridad, aunque lamentó que la funcionaria encargada de hacerlo estuvo cinco meses de baja sin sustitución.
Asimismo, declaró que nunca desde que en marzo de 2006 firmó la orden de ingreso en prisión de Santiago del Valle hasta el pasado 14 de marzo, le informaron del estado del trámite, competencia de los funcionarios del juzgado.

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Agradecen presencia de actor en vigilia pro-vida que evitó cinco abortos en L.A.

LOS ÁNGELES.- ( AGENCIALAVOZ.COM ) Los organizadores de la campaña 40 Days for Life (40 días por la vida) agradecieron la inesperada presencia del actor mexicano Eduardo Verástegui, quien hizo un alto a la promoción de su último filme, para participar en una vigilia de oración y consejería en las afueras de una clínica abortista en Los Ángeles. La acción de los pro-vida logró que cinco mujeres desistieran de abortar.

El sábado 27 de septiembre, los participantes de la campaña se instalaron en las afueras de la clínica abortista Family Planning Associates, una de las más conocidas y concurridas de Los Ángeles. John Anthony Hernandez, coordinador de la campaña local, expresó su agradecimiento al actor, quien llegó en compañía de varios amigos poco después de las 8 de la mañana del sábado y se quedó en el lugar hasta después de mediodía, dando consejería a las embarazadas y repartiendo copias del video Dura Realidad.

"El centro de crisis embarazo local tuvo más visitas que nunca, con todas las mujeres que decidieron no ingresar a la clínica abortista (y eran enviadas al centro por Verástegui y sus acompañantes). Uno de los trabajadores dijo que fue el día más ocupado de su historia. Dios es bueno, cinco bebés se salvaron esa mañana", agregó Hernandez.
Al final de la jornada, ocho enfermeras salieron de la clínica abortista para conocer a Verástegui. "Les habló, les regaló una copia del video Dura Realidad", recordó el coordinador.
La campaña 40 Days for Life está congregando a estadounidenses en 170 ciudades para rezar por la vida y protagonizar manifestaciones pacíficas frente a las clínicas abortistas desde el 24 de septiembre hasta el 2 de noviembre, con ocasión a las elecciones presidenciales.

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