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EE.UU.-(AGENCIALAVOZ) Numerosas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en salud instaron al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a aclarar que es posible utilizar fondos de la asistencia estadounidense para financiar servicios de aborto destinados a mujeres y niñas que fueron violadas en contextos de guerra y conflicto.
Reunidos el 9 de diciembre frente a la
Casa Blanca, numerosos activistas llamaron la atención sobre lo que
consideran ha sido una mala interpretación de políticos y organizaciones
humanitarias de una norma que ya tiene cuatro décadas.
Conocida como la Enmienda Helms, la ley
detalla los servicios de salud para mujeres que pueden beneficiarse con
la asistencia de Estados Unidos al extranjero.
Esta mala interpretación, alertan los
activistas, genera sufrimiento, rechazo social e, incluso, un abuso
adicional de las mujeres violadas.
“Desde hace más de 40 años, la Enmienda
Helms se aplica como si fuera una prohibición total a la atención de
abortos en los programas de salud financiados por Estados Unidos, sin
excepciones”, se lamentó Purnima Mane, presidenta de Pathfinder
International, dedicada a la salud sexual, al ser consultada por IPS.
“El resultado es que Pathfinder y otras
agencias financiadas por el gobierno de Estados Unidos no pueden ofrecer
servicios de asistencia vinculada al aborto a personas en riesgo, aun
en las circunstancias previstas por la legislación estadounidense y
claramente permitidas por la Enmienda Helms”, explicó.
“De un plumazo, el presidente Obama
puede cambiar las perspectivas para muchas de esas mujeres y comenzar a
revertir más de cuatro décadas de negligencia de sus derechos humanos
básicos y de daños a su salud”, añadió.
La norma prohíbe que fondos
estadounidenses se usen para “pagar la realización de un aborto como
método de planificación familiar” o para “alentar o forzar a una persona
a practicarse un aborto”.
La ley no prohíbe específicamente que la
asistencia se use para ofrecer servicios de interrupción voluntaria del
embarazo en casos de violación, pero los críticos se lamentan de que
ese fue el impacto desde el inicio.
“Ninguna administración implementó esto
correctamente, en términos de hacer excepciones en ciertos casos”,
coincidió Serra Sippel, presidenta del Centro de Salud y Equidad de
Género (Change, en inglés) y principal organizadora de la iniciativa del
martes, en diálogo con IPS.
“Tienen que ver con la política y el
clima político en Washington. Pero necesitamos que el presidente asuma
un papel de liderazgo y haga que Usaid ( Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional) y el Departamento de Estado digan que el
gobierno de Estados Unidos asume una posición y apoya los servicios de
aborto en esos casos”, añadió.
La interrupción voluntaria del embarazo
ha sido y es uno de los asuntos más divisivos de la política
estadounidense, y la polarización no hizo más que empeorar.
El asunto concentró la atención cultural
y política en 1973, cuando la Corte Suprema de Justicia dictaminó que
una ley que prohibía el aborto, salvo que fuera para salvar la vida de
la madre, era inconstitucional.
El dictamen generó tal indignación entre
vastos sectores, pese a que los estudios de opinión indican que la
mayoría de los consultados están a favor del aborto tras una violación,
incesto o cuando la vida de la madre está en riesgo.
Y la Enmienda Helms fue una de las primeras respuestas a ese dictamen, aprobada pocos meses después.
Es importante señalar que la
interrupción voluntaria del embarazo es legal en Estados Unidos, así
como en muchos estados donde operan entidades financiadas por el
gobierno, incluidos los ministerios.
“Estas restricciones, colectivamente,
resultaron en la percepción de que la política exterior de Estados
Unidos en materia de aborto es más onerosa que la ley, lo que lleva a un
ambiente dominante de confusión, mala interpretación e inhibición en
torno a otras actividades vinculadas al aborto más allá de los servicios
directos”, señala un análisis publicado el año pasado por el Instituto Guttmacher, dedicado a la salud sexual.
“De forma deliberada o no,
organizaciones y funcionarios estadounidenses han sido tanto
transgresores como víctimas de la mala interpretación y la mala
aplicación de la ley. Ya sea por no entender bien o por autocensurarse,
las instituciones se abstienen sin necesidad de ofrecer asesoramiento o
de derivar” a la persona, añade.
Es muy difícil compilar estadísticas
globalmente de violaciones en zonas de conflicto y de los consiguientes
embarazos. La organización Human Rights Watch (HRW) menciona una
investigación realizada en 2004 en Liberia, donde la violación se usó
como arma de guerra, y sugiere que 15 por ciento de las violaciones en
tiempos de guerra terminan en embarazo.
“Médicos y funcionarios de la salud de
Bosnia, República Democrática del Congo (RDC), Colombia y otros países
con guerra reunieron evidencias de varias sobrevivientes de violación,
que señalan que derivan en embarazo y tienen consecuencias devastadoras
para las mujeres y las niñas”, escribió Liesl Gerntholtz, directora ejecutiva de la división de derechos de las mujeres de HRW.
“Suelen verse obligadas a continuar con
embarazos no deseados y a ocuparse de niños que no suelen poder atender y
que son un recordatorio permanente del brutal ataque que sufrieron.
Esto a su vez deja a los niños vulnerables a una mayor estigmatización,
abuso y abandono”, explica.
Las organizaciones que protestaron el
martes frente a la Casa Blanca también pidieron al presidente Obama que
aclarara que la Enmienda Helms no se aplica a los embarazos derivados de
incesto o si la vida de la madre está en riesgo.
Desde hace un año, hay mayor conciencia
de este asunto, en especial por el conflicto en Siria y el crecimiento
del grupo extremista Estado Islámico (EI), así como por la violencia en
República Democrática del Congo y el lugar importante que tiene la
violencia sexual en esos casos.
“No se puede solo prevenir la violencia.
También queremos que cuando ocurra, las organizaciones y las agencias
del gobierno ofrezcan la atención necesaria después de la violación,
tanto servicios sociales y legales como psicológicos y físicos. Los
servicios de aborto necesitan formar parte del paquete”, subrayó Sippel,
de Change.
Estados Unidos ha tenido un fuerte papel
abogando contra la violencia sexual en los últimos años, en especial en
situaciones de conflicto. Obama creó el primer plan de acción sobre
el papel de la mujer en la construcción de paz, una estrategia de la
Casa Blanca sobre violencia de género, entre otras medidas.
Los activistas sostienen que aclarar el
alcance de la Enmienda Helms es el próximo paso lógico. Si bien Obama no
hizo declaraciones para este artículo, los organizadores de la
iniciativa del martes dijeron que asesores de Obama se reunieron con
activistas que trabajan contra la violencia sexual en Colombia, RDC y en
otros lugares.
