ESPAÑA.- (AGENCIALAVOZ) Los
ingenieros sociales occidentales están introduciendo en esta parte del
mundo el «matrimonio» entre personas del mismo sexo, con la consigna de
la igualdad de derechos para la minoría homosexual. Todos nos
preguntamos qué pasará en el futuro con esta medida polémica. Pero
podemos atisbar el futuro mirando cual fue el resultado en los países
pioneros. Ya cumplidos los 10 años desde que Canadá estableció la
legislación de «matrimonio» entre personas del mismo sexo, se constituye
en un laboratorio para los demás países.
En estos 10 años se puede ver una restricción al
derecho de libertad de expresión, a los derechos de los padres en la
educación de sus hijos, y a los derechos de autonomía de las
instituciones religiosas, junto con un debilitamiento del matrimonio
como institución.
Más allá de las diferencias culturales, sociales y
de jurisprudencia entre Canadá y otros países, la experiencia canadiense
es la mejor evidencia disponible sobre el impacto a corto plazo del
«matrimonio» del mismo sexo en una sociedad democrática.
1. Vulnera los derechos humanos
El efecto formal de las decisiones judiciales (y la
legislación posterior) que establecieron el «matrimonio» homosexual
civil en Canadá era simplemente que las personas del mismo sexo podrían
conseguir que el Gobierno reconozca su relación como matrimonio. Pero el
efecto legal y cultural fue mucho más amplio. Lo que sucedió fue la
adopción de una nueva ortodoxia: que las relaciones homosexuales son, en
todos los sentidos, el equivalente del matrimonio natural, y que el
«matrimonio» del mismo sexo por lo tanto debe ser tratado de manera
idéntica al matrimonio natural en el Derecho y en la vida pública.
Un corolario es que cualquiera que rechace la nueva
ortodoxia debe estar actuando sobre la base de la intolerancia y la
animadversión hacia los gays y las lesbianas. Cualquier declaración de
desacuerdo con el «matrimonio» civil de personas del mismo sexo se
considera una manifestación directa de odio hacia un grupo minoritario
sexual. Cualquier explicación razonada (por ejemplo, las que se ofrecían
en los argumentos jurídicos que el «matrimonio» homosexual es
incompatible con una concepción del matrimonio que responda a las
necesidades de los hijos del matrimonio, de estabilidad, fidelidad y
permanencia, lo que a veces se llama la concepción conyugal del
matrimonio), es desestimada de inmediato como mero pretexto.
Cuando uno entiende la oposición al «matrimonio» del
mismo sexo como una manifestación de intolerancia y de odio puro, se
hace muy difícil de tolerar permanentemente el disenso. Así sucedió en
Canadá: los términos de participación en la vida pública cambiaron muy
rápidamente. Los funcionarios encargados de tramitar el matrimonio civil
fueron los primeros en sentir el borde duro de la nueva ortodoxia,
varias provincias se negaron a permitir a los funcionarios su derecho de
conciencia para negarse a presidir bodas homosexuales, y exigieron su
renuncia. Al mismo tiempo, las organizaciones religiosas, como los
Caballeros de Colón, fueron multados por negarse a alquilar sus
instalaciones para la celebración de post bodas.
2. Afecta el derecho a la libertad de expresión
El impacto de la nueva ortodoxia no se ha limitado
al número relativamente pequeño de personas en riesgo de ser obligadas a
apoyar o celebrar un «matrimonio» del mismo sexo. El cambio ha afectado
ampliamente a las personas, incluyendo a los clérigos, que deseen hacer
públicos los argumentos acerca de la sexualidad humana.
Mucho discurso, que era posible antes de la
aprobación del «matrimonio» homosexual, ahora conlleva riesgos. Muchos
de los que han persistido en expresar su desacuerdo han sido objeto de
investigaciones por parte de comisiones de derechos humanos y
procedimientos (en algunos casos) ante los tribunales de derechos
humanos. Los que son pobres, con poca educación y sin afiliación
institucional han sido objetivo especialmente fácil de las leyes anti
discriminación, no siempre aplicadas de manera uniforme. Algunos han
sido condenados a pagar multas, pedir disculpas, comprometerse a nunca
hablar públicamente sobre estos asuntos de nuevo. Esto ha incluido a
personas que escriben cartas a los editores de los periódicos locales, y
ministros de pequeñas congregaciones de cristianos. Un obispo católico
enfrenta dos demandas impulsadas por comentarios que hizo en una carta
pastoral sobre el matrimonio.
Especialmente desde algunos procesos contra Mark
Steyn y la revista Maclean, en 2009, se ha restaurado un punto de vista
más amplio de la libertad de expresión. Y en respuesta a la protesta
pública tras el asunto Steyn/Maclean, el Parlamento de Canadá revocó
recientemente el estatuto jurisdiccional de la Comisión Canadiense de
Derechos Humanos para perseguir el «discurso de odio». Pero el costo
financiero de la lucha contra la máquina de los derechos humanos sigue
siendo enorme –Maclean ha gastado cientos de miles de dólares en
honorarios de abogados–. Y estos casos pueden tardar hasta una década en
resolverse. Una persona común con pocos recursos que ha llamado la
atención de una comisión de derechos humanos no tiene ninguna esperanza
de apelar a los tribunales para su alivio; una persona tan sólo puede
aceptar la advertencia de la comisión, pagar una multa (relativamente)
pequeña, y luego observar la directiva de permanecer para siempre en
silencio. Siempre que estas herramientas permanezcan a la disposición de
las comisiones –para quien la nueva ortodoxia no da ninguna base
teórica para tolerar la disidencia– participar en un debate público
sobre el «matrimonio» homosexual es cortejar la ruina.
Presiones similares pueden ser –y son– ejercidas
sobre los disidentes por profesionales de los órganos de gobierno (como
los colegios de abogados, colegios de profesores, y similares) que
tienen facultades legales para sancionar a los miembros de conducta
impropia de la profesión. Las expresiones de desacuerdo con el carácter
razonable de la institucionalización de los «matrimonios» homosexuales
son comprendidas por estos organismos como actos de discriminación
ilegal, que son materia de censura profesional.
Los maestros están particularmente en riesgo de una
acción disciplinaria, y aunque sólo hagan declaraciones públicas
criticando el «matrimonio» homosexual fuera de las aulas, siguen siendo
considerados como creadores de un ambiente hostil para los estudiantes
gays y lesbianas. Otros lugares de trabajo y las asociaciones
voluntarias han adoptado políticas similares, como resultado de que han
interiorizado que, en esta nueva ortodoxia, el desacuerdo con el
«matrimonio» homosexual es discriminación ilegal que no debe ser
tolerada.
3. Disminuyen los derechos de los padres en la educación pública
La institucionalización del «matrimonio» homosexual
ha generado un sutil pero penetrante cambio en la patria potestad en la
educación pública. El debate sobre cómo hablar del «matrimonio» del
mismo sexo en el aula es muy parecido al debate sobre el lugar de la
educación sexual en las escuelas, y sobre las pretensiones
gubernamentales de ejercer autoridad primaria sobre los niños. Pero, si
la educación sexual ha sido siempre un asunto discreto, en el sentido de
que, por su naturaleza, no puede penetrar en la totalidad del plan de
estudios, el «matrimonio» homosexual es de una base diferente.
Dado que uno de los principios de la nueva ortodoxia
es que las relaciones del mismo sexo merecen el mismo respeto que damos
a cualquier matrimonio, sus proponentes han tenido un éxito notable en
la exigencia de que el «matrimonio» homosexual sea presentado de manera
positiva en el aula. Reformas curriculares en jurisdicciones como
British Columbia ahora impiden que los padres ejerzan su poder de veto
sobre las prácticas educativas polémicas.
Los nuevos planes de estudios están impregnados de
referencias positivas a los «matrimonios» del mismo sexo, no sólo en una
disciplina, sino en todas. Frente a esta estrategia de difusión, la
única defensa parental es eliminar a los hijos de la escuela pública por
completo. Los tribunales han sido indiferentes a las objeciones de los
padres: si los padres se aferran a fanatismos obsoletos, entonces los
niños deben cargar con el peso de la «disonancia cognitiva», ellos deben
absorber cosas contradictorias entre el hogar y la escuela, mientras la
escuela trata de ganar.
Las reformas, por supuesto, no fueron vendidas al
público como una cuestión de aplicación de la nueva ortodoxia. En su
lugar, el fundamento declarado era prevenir el acoso escolar, es decir,
promover la aceptación de la juventud gay y lesbiana y los hijos de las
familias del mismo sexo.
Se trata de un objetivo loable para fomentar la
aceptación de las personas. Pero el medio elegido para lograrlo es una
grave violación de la familia; es nada menos que el adoctrinamiento
deliberado de los niños (sobre las objeciones de sus padres) en una
concepción del matrimonio que es fundamentalmente hostil a lo que los
padres entienden que son los mejores intereses para los niños. Se
frustra la capacidad de los padres para llevar a sus hijos a comprender
el matrimonio para que sea propicio su crecimiento como adultos. A una
edad muy temprana, se enseña a los niños que la razón de ser del
matrimonio no es otra cosa que la satisfacción de los deseos cambiantes
de adultos por tener compañía.
4. Altera el derecho de autonomía de las instituciones religiosas
A primera vista, el clero y lugares de culto
aparecían en gran parte inmunes a la coacción para realizar
«matrimonios» del mismo sexo. De hecho, este fue el gran pacto de la
legislación del «matrimonio» del mismo sexo: que el clero mantendría el
derecho a no realizar «matrimonios» que violen sus creencias religiosas.
Los lugares de culto no podían ser reclutados en contra de los deseos
de las entidades religiosas.
Debería haber quedado claro desde el principio qué
poco estrecha era esta protección. Sólo evita que el clero sea obligado a
llevar a cabo ceremonias de «matrimonio». No funciona, como hemos
visto, como escudo contra el escrutinio de las comisiones de derechos
humanos sobre los sermones o cartas pastorales. Deja a las
congregaciones vulnerables a problemas legales si se niegan a alquilar
sus instalaciones auxiliares a parejas del mismo sexo para sus
ceremonias, o a cualquier otra organización que pretenda utilizar la
instalación para promover una visión de la sexualidad totalmente en
desacuerdo con los suyas.
Tampoco se impide a los gobiernos provinciales y
municipales de retener los beneficios a las congregaciones religiosas a
causa de su doctrina sobre el matrimonio. Por ejemplo, el Proyecto de
Ley 13 de la misma ley de Ontario obliga a las escuelas católicas de
acoger clubes de «Gay-Straight Alliance» (y usar ese nombre en
particular), y también prohíbe a las escuelas públicas alquilar sus
instalaciones para las organizaciones que no estén de acuerdo con el
código de la nueva ortodoxia. Teniendo en cuenta que muchas
congregaciones cristianas pequeñas alquilan auditorios de escuelas para
llevar a cabo sus servicios de adoración, es fácil darse cuenta su
vulnerabilidad.
5. Cambia la concepción pública de matrimonio
Se ha argumentado que si el «matrimonio» homosexual
está institucionalizado, nuevas categorías matrimoniales pueden ser
aceptadas, como la poligamia. Una vez que se abandona la concepción
conyugal del matrimonio, y se la sustituye por una concepción del
matrimonio que tiene como criterio la búsqueda de compañía adulta, no
hay ninguna base de principios para negar la extensión de licencias de
matrimonio a las uniones polígamas y al llamado «poliamor».
En otras palabras, si el matrimonio se trata de
satisfacer los deseos adultos de compañía, y si los deseos de algunos
adultos abarcan acuerdos cada vez más novedosos, ¿cómo podemos negarlos?
No se evaluará aquí esta afirmación, sino simplemente informar de cómo
este escenario se juega en Canadá.
Una prominente comunidad polígama en British
Columbia se envalentonó en gran medida por la creación de «matrimonios»
del mismo sexo, y proclamó públicamente que ya no había base de
principios para la criminalización continua de la poligamia. De todos
los tribunales canadienses, sólo un tribunal de primera instancia en
British Columbia ha discutido sobre si prohibir la poligamia es
constitucional, y pidió una opinión consultiva al gobierno de la
provincia. La prohibición penal de la poligamia fue confirmada, pero
sobre una base estrecha que define como poligamia a los matrimonios
civiles múltiples. El tribunal no se refirió al fenómeno de múltiples
matrimonios de derecho consuetudinario. Así que, hasta ahora, las formas
dominantes de la poligamia y el poliamor que se practican en Canadá no
han obtenido la condición legal, pero tampoco han enfrentado obstáculos
prácticos.
La lección es ésta: una sociedad que
institucionaliza el «matrimonio» homosexual no tiene por qué
institucionalizar la poligamia. Pero el ejemplo de British Columbia
sugiere que la única manera de hacerlo es hacer caso omiso de los
principios. El razonamiento del caso de la poligamia no dio ninguna
explicación convincente de por qué sería discriminatorio no extender la
concepción de «matrimonio» para los gays y las lesbianas, y no para los
polígamos y poliamorosos. De hecho, el fallo parece que descansa sobre
animadversión hacia polígamos y poliamorosos, lo que no es una base
jurídica estable.
6. No aumenta la práctica del matrimonio
En cuanto a la práctica del matrimonio, es demasiado
pronto para decir mucho. Los datos del censo de 2011 establecen que, en
primer lugar, el matrimonio está en declive en Canadá, como en gran
parte de Occidente; en segundo lugar, el «matrimonio» homosexual es un
fenómeno estadísticamente menor; y tercero, hay muy pocas parejas del
mismo sexo (casadas o no) con niños en el hogar.
Hay aproximadamente 21.000 «matrimonios» del mismo
sexo en Canadá, fuera de los 6,29 millones de parejas casadas. Las
parejas del mismo sexo (casadas y solteras) constituyen el 0,8% de todas
las parejas en Canadá; el 9,4% de las 64.575 parejas del mismo sexo
tienen hijos en el hogar, y el 80% son parejas lesbianas. Por el
contrario, el 47,2% de las parejas heterosexuales tienen hijos en el
hogar. Canadá dejó el seguimiento del divorcio después de 2008, y nunca
ha proporcionado datos sobre el divorcio de personas del mismo sexo.
Lo que se desprende de estos datos es que el
«matrimonio» del mismo sexo no tiene, contrariamente a los argumentos
que se manejaron, el poder de impulsar una cultura renaciente del
matrimonio en Canadá. Tampoco existen datos censales (de una forma u
otra) para argumentos empíricos que unan la institucionalización del
«matrimonio» del mismo sexo a la estabilidad del matrimonio.
Sin datos empíricos sobre las tasas de divorcio (que
no están disponibles en Canadá), nos quedamos con argumentos
conceptuales. En este sentido, la experiencia canadiense no puede
proporcionar mucha información. Nos quedamos con la pregunta, ¿la
institucionalización del «matrimonio» del mismo sexo descansa en una
concepción del matrimonio que hace especial hincapié en la estabilidad,
así como en la concepción conyugal? Si no es así, entonces podemos
razonablemente creer que el «matrimonio» homosexual va a acelerar la
aceptación cultural de una concepción del matrimonio –el modelo de
compañerismo adulto– que ha hecho mucho daño social en los últimos
cincuenta años.
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