MEXICO: Evangélicos protesta contra la aprobación de bodas gay

MEXICO.-(AGENCIALAVOZ) La Congregación “Del Camino Comunidad Cristiana” acudieron ayer por la mañana a la sesión de Comisión de Justicia del Congreso del Estado a fin de oponerse a la aprobación de los matrimonios igualitarios en la entidad. En entrevista, el líder pastoral de la organización religiosa, Ariel Miranda Nieto sentenció que los fieles no son homofóbicos, discriminadores o intolerantes hacia la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travestí, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI), sin embrago no concuerdan con su propósito de contraer nupcias por la vía civil.


Ayer sesionó la Comisión de Justicia y aprobó la iniciativa que busca autorizar los matrimonios igualitarios en San Luis Potosí. El pastor señaló que respetan, valoran y reconocen los derechos de las personas homosexuales, sin embargo enfatizó que “no es posible” la unión entre personas del mismo sexo. “No estamos de acuerdo en que se salpique a la institución del matrimonio qué es la base de la sociedad. Estamos realmente poniendo en peligro a la sociedad y a su conjunto”, aseveró. Miranda Nieto sugirió que debe legislarse al respecto, pero argumentó que de hacerlo debe basarse bajo una figura constitucional o judicial “para que resuelvan sus problemas”. Advirtió que de ser requerido, no solo dicha asociación clerical sino todas las iglesias que así lo decidan, iniciarán movilizaciones en la capital como las suscitadas este fin de semana en la ciudad de Guadalajara, en aras de evitar la validación del matrimonio entre personas del mismo sexo. -

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Planned Parenthood invirtió 3 millones de dólares para despenalizar el aborto en Perú

PERU.-(AGENCIALAVOZ) Planned Parenthood, la multinacional del aborto más grande del mundo, invirtió en los últimos dos años más de 3 millones de dólares para promover la legalización de esta práctica en Perú. La organización estadounidense afronta en estos días un masivo escándalo por dos videos que revelan que trafica con órganos de bebés que fueron abortados en sus instalaciones.


Según revela documentación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Planned Parenthood destinó 3.002.257 dólares a tres organismos no gubernamentales con sede en Perú: El Instituto Peruano de Paternidad Responsable (INPPARES), sucursal oficial de la organización estadounidense, la organización abortista Católicas por el Derecho a Decidir y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX).


Entre 2013 y 2015 estas organizaciones feministas, entre otras, promovieron la legalización del aborto en Perú, promocionando lemas como “derecho a decidir” y “salud sexual y reproductiva”.
Recientemente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Perú rechazó un proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto en casos de violación.


En los últimos días, dos videos difundidos por el Center for Medical Progress (CMP, Centro para el Progreso Médico) de Estados Unidos destaparon el escándalo de que Planned Parenthood vende órganos de bebés abortados en sus instalaciones por montos que van desde los 30 a los 100 dólares “por espécimen”.


Sobre el caso, el Congreso y diversos estados de ese país han anunciado que abrirán investigaciones contra la multinacional abortista.
Según su reporte de 2014 en APCI, PROMSEX recibió de Planned Parenthood un total de 718.617 dólares para proyectos relacionados con el aborto y la anticoncepción, que se debían ejecutar entre 2013 y 2015. De estos, más de 160 mil dólares están destinados a “fortalecer el debate público para reducir el estigma sobre el aborto”, así como “posicionarlo en la agenda política”.
En el presupuesto de PROMSEX, 201 mil dólares tenían como fin conseguir “la opinión favorable entre los congresistas tomadores de decisión” sobre temas de aborto y anticoncepción.
Por su parte Planned Parenthood otorgó a Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) 275 mil dólares durante los últimos dos años.


De este dinero, 225 mil dólares estaban destinados a posicionar “los derechos sexuales y reproductivos, con acceso al aborto legal, en la agenda pública y sanitaria”.
Los 50 mil dólares restantes fueron destinados a promover en Lima y tres regiones del interior del país “la exigibilidad del derecho a decidir como garantía para el ejercicio pleno de derechos sexuales y derechos reproductivos y la laicidad del estado peruano”.
A su vez, INPPARES recibió 2.008.640 dólares. De estos, 1,5 millones de dólares están destinados al proyecto “Atención a las Mujeres Ahora”, destinado según el sitio web de la ONG a ejecutar “acciones para la reducción de la morbilidad y mortalidad relacionada con el aborto inseguro en el Perú”.
Otros 150 mil dólares entregados por Planned Parenthood, INPPARES los destinó a promocionar el “derecho a decidir”, eslogan abortista en Perú, así como a promover “acceso a servicios de salud sexual reproductiva para jóvenes menores de 25 años”.


La filial peruana de Planned Parenthood dispuso de otros 32 mil 500 dólares para promover la “salud sexual y reproductiva” –anticoncepción y aborto– en el distrito de Villa El Salvador, uno de los más pobres de Lima.
Más de 25 mil dólares INPPARES los usó para adquirir implantes anticonceptivos subdérmicos, mientras que los más de 300 mil dólares restantes fueron destinados a gastos operativos de la organización.


En declaraciones a ACI Prensa, Carlos Polo, director de la Oficina para América Latina Population Research Institute, señaló que “la información de la APCI confirma que las campañas abortistas en el Perú se originan en Nueva York (Estados Unidos), en la oficina central de Planned Parenthood”.
“Las autoridades deberían controlar estos ingresos porque estas actividades no tienen nada que ver con la cooperación internacional, sino que son intervenciones de reingeniería social. Esto no es ayuda a los peruanos”, advirtió.


Para Polo, los millones de dólares invertidos en la promoción del aborto son “un escandaloso intento de modificar nuestra cultura para instalar un negocio con la muerte de niños por nacer”.
“Cualquier intención sincera de ayuda humanitaria al Perú, no apoyaría el aborto que tiene un rechazo mayoritario en el país, sino miles de posibilidades diferentes para necesidades básicas de peruanos en extrema pobreza”, aseguró.


El director del Population Research Institute lamentó que “esto también genera odiosos problemas colaterales como una industria de ONGs promotoras del aborto. Los voceros del aborto como INPPARES, PROMSEX y las llamadas Católicas por el Derecho a Decidir son empleados a sueldo que corrompen autoridades locales para disfrutar de estos cuantiosos fondos”.
“Conociendo la existencia de este dinero es más fácil entender por qué algunos congresistas o políticos defienden una causa tan impopular como el aborto”, señaló.


Fuente: Aciprensa

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Gobierno Arabia Saudí multa a colegio por pintar "arcoíris homosexual" en su fachada

 Fachada de Colegio "arcoíris con emblemas homosexuales", ya que en este espacio está prohibida la propaganda gay.

ARABIA SAUDI.-(AGENCIALAVOZ)  Colegio Internacional Talee al Noor que se encuentra en la capital saudita de Riad ha sido condenado a pagar una multa de 23.000€ a razón de unas pinturas que han puesto en la fachada del centro que el mismo gobierno a clasificado como "emblemas homosexuales" o "arcoíris gay".

Como bien sabemos en este país está completamente prohibido todo lo relacionado con la homosexualidad y el hecho de haber visto esta imagen en la fachada de un colegio ha fastidiado bastante y por ello, se ha condenado con una multa a pagar. Han culpado al director de la escuela como único responsable de que esto haya ocurrido aunque todas las autoridades del centro sufrirán las consecuencias.

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Gobierno EE.UU. mantiene financiación a las ONGs del aborto en el extranjero

EE.UU.-(AGENCIALAVOZ) La política de ayuda al exterior estadounidense que impide el financiamiento de agrupaciones que practican o promueven el aborto en el exterior ha sido durante mucho tiempo un ping-pong político: los diversos gobiernos presidenciales la establecen y anulan de forma alternativa. Una iniciativa reciente para codificar la restricción (conocida como Política de Ciudad de México) dio contra la pared en una comisión del Senado estadounidense la semana pasada.


El año pasado, el Partido Republicano tomó control del Senado por primera vez desde 2007. Cuando llegó el momento de redactar un proyecto de ley sobre asignaciones presupuestarias para las operaciones en el exterior, los senadores incluyeron terminología que prohíbe el financiamiento estadounidense dirigido a agrupaciones en el extranjero que practican o promueven el aborto. El proyecto también proponía un tope para los fondos destinados a programas tendientes a disminuir la población, lo cual reduciría su asignación anual en casi 200 millones de dólares. La subvención para el polémico Fondo de Población de la ONU (UNFPA, por sus siglas en inglés) también sufría un recorte debido a su complicidad con la política china de hijo único. La Cámara de Representantes, también bajo el control de los republicanos, elaboró un proyecto de ley equivalente que contenía cláusulas similares.


En la audiencia sobre asignación de fondos, la senadora demócrata Jeanne Shaheen propuso una modificación que despoja al proyecto de las disposiciones provida, elimina el tope de financiamiento para la anticoncepción y restablece los fondos para el UNFPA. La reforma de Shaheen fue aprobada por 17 votos contra 13 gracias a tres senadores republicanos que desertaron: Mark Kirk, de Illinois, Susan Collins, de Maine, y Lisa Murkowski, de Alaska.


No es probable que los senadores republicanos lleven este proyecto de ley avenido al recinto para votación, en cuyo caso se mantendrá el statu quo mediante una resolución de continuidad presupuestaria o una Ley ómnibus como ha sido desde que asumió el presidente Obama.
La Política de Ciudad de México, presentada por primera vez durante la presidencia del republicano Ronald Reagan en 1984, fue promulgada por decreto del Poder Ejecutivo en presidencias posteriores de mandatarios republicanos y retirada bajo gobiernos democráticos durante tres décadas.
La legislación estadounidense prohíbe que la ayuda exterior financie de forma directa el aborto según la Enmienda de Helms, que fue aprobada en 1973 y continúa vigente. Sin embargo, las agrupaciones que reciben ayuda estadounidense pueden aún así practicar y promover el aborto siempre y cuando mantengan sus fuentes de recursos separadas. Al impedir completamente el financiamiento estadounidense para agrupaciones que promueven el aborto y operan a nivel internacional, la Política de Ciudad de México brinda más protecciones a favor de la vida.


Durante la reunión en la que se propusieron las modificaciones, la senadora Shaheen, beneficiaria de un millón de dólares para campaña provenientes de agrupaciones abortistas, mencionó una publicación de la Organización Mundial de la Salud para argumentar que la Política de Ciudad de México condujo a un incremento del aborto en el exterior. Sin embargo, ese estudio de 2011 se basa en indicadores indirectos de índices de aborto y emplea un método cuestionable de agrupación de países basado en su «exposición» a la política de Ciudad de México.


El senador Lindsey Graham, principal miembro republicano de la subcomisión de asignaciones para el Estado y las Operaciones en el Extranjero, dijo a sus colegas: «[El proyecto del Senado] no será aceptado por la Cámara de Representantes».


Reconociendo que un aplastante número de estadounidenses se opone al financiamiento del aborto, el senador Graham dijo que la derogación de la política de Ciudad de México «lleva dólares públicos de los contribuyentes a un área a la que la mayoría de los estadounidenses no quiere que vayan».
Incluso en un Congreso mayoritariamente republicano, la terminología provida en proyectos de ley de asignación presupuestaria enfrenta una ardua batalla, ya que es probable que el presidente Obama vete cualquier legislación que la contenga. Los legisladores provida de los Estados Unidos han intentado repetidas veces codificar en leyes las cláusulas de la Política de Ciudad de México, aun cuando los legisladores proabortistas procuran suprimirlas de forma permanente, pero sin el control de ambas cámaras del Congreso además de la presidencia, ninguno de los bandos tiene posibilidades de celebrar una victoria rotunda.

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