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ROMA.- ( AGENCIALAVOZ.COM ) El presidente del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, ha dado un paso atrás en su polémico proyecto de ley que criminaliza la inmigración ilegal. 'Il Cavaliere' ha matizado que no tener papeles "no es un delito, pero sí un agravante" en el caso de que se cometa un delito.
Las palabras de Berlusconi han sido consideradas por la oposición italiana y los observadores políticos como una "marcha atrás" respecto a las medidas hasta ahora adoptadas contra la inmigración ilegal y que incluyen la introducción del delito de inmigración clandestina, que será debatido por el Parlamento y que ha sido duramente criticado por organismos internacionales y el Vaticano.
Veltroni: 'Berlusconi con sus palabras de hoy cancela el delito de inmigración clandestina y nos da la razón'
"Berlusconi con sus palabras de hoy cancela el delito de inmigración clandestina y nos da la razón", dijo el líder del Partido Demócrata (PD, en la oposición), Walter Veltroni. Michele Vietti, del opositor Unión de Centro (UDC) también expresó su "satisfacción" por el "sobreseimiento" del delito de inmigración ilegal.
La Liga Norte desaprueba las palabras de Berlusconi
Si la oposición está exultante, la gubernamental Liga Norte, el partido que más insistió para introducir ese delito en el código penal, expresó por boca del diputado Massimo Bitonci, su desaprobación, afirmando que el "único camino que se puede recorrer para luchar contra la inmigración ilegal es la introducción de ese delito".
El ministro para la Actuación del Programa del Gobierno, Roberto Calderoli, también de la Liga Norte, dijo que "nadie había pensado" en meter en la cárcel a los ilegales. "Cuando pensamos en el delito de clandestinidad nuestro objetivo no era meterlos en la cárcel, sino resolver el problema acelerando las expulsiones. Pensamos en esta medida para prevenir la llegada de otros ilegales. Es evidente que ninguno piensa en hacer que estallen las cárceles italianas (con más presos) o aumentar los costes de la justicia", afirmó Calderoli.
Tras las críticas de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Louise Arbour, sobre la introducción en el país del delito de inmigración ilegal, Berlusconi dijo que no se ha tratado de "una advertencia", sino de una declaración "desmentida sobre un juicio negativo de algo que no se ha producido".
España ha encabezado el malestar de muchos países al tildar de xenófoba esa política de inmigración
Crisis España-Italia
A este respecto, el primer ministro italiano dijo que el Parlamento italiano "es soberano y decidirá según conciencia y con buen sentido". El Parlamento debatirá en fechas próximas el proyecto de ley aprobado por el Gobierno el pasado 21 de mayo, que incluye la reintroducción del delito de inmigración clandestina, que ya rigió durante la anterior etapa como primer ministro de Berlusconi y fue considerado en parte inconstitucional.
El delito se concretará en penas que van de los seis meses a los cuatro años y el aumento de la misma un tercio cuando quien comete el delito es un clandestino.
La reacción del Gobierno de España tras este proyecto provocó una crisis con Italia. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acusó al Gobierno de Berlusconi de llevar a cabo una política racista y xenófoba, lo que provocó el malestar el Ejecutivo italiano. También el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, criticó que las políticas de inmigración del Gobierno de Italia "ponen más el acento en discriminar al diferente que en gobernar el fenómeno".
Para zanjar la controversia, el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, mantuvo un encuentro con su homólogo italiano, el ministro de Política Comunitaria, Andrea Ronchi, y le expresó su preocupación porque la medida de convertir en delito la inmigración ilegal puede desviar "flujos migratorios" a países vecinos, como España.
