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MADRID.-( AGENCIALAVOZ.COM ) El juez Rafael Tirado, que no ordenó ejecutar la sentencia que condenaba al presunto asesino de Mari Luz Cortés por abusos a su propia hija, considera que la Fiscalía ha creado una falta muy grave "de la nada", ya que "no existe responsabilidad disciplinaria alguna" por su parte.
Dicho recurso reclama que el CGPJ imponga a Tirado la sanción de suspensión por tres años por una falta muy grave de desatención o retraso injustificado en la tramitación o resolución de causas.
El juez de Sevilla, por su parte, destaca que la Fiscalía "hace apreciaciones y juicios de valor sin fundamento" y asegura que el caso del presunto asesino no exigía un trato preferente, dado que no había datos concretos de urgencia.
Santiago del Valle, supuesto responsable de la muerte de la niña de Huelva, fue condenado en noviembre de 2002 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, del que es titular Tirado, a dos años y nueve meses prisión por abusar de su hija menor, lo que confirmó la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005.
La ejecutoria de esta sentencia estuvo paralizada durante más de dos años y dos meses, lo que propició que Del Valle estuviera en libertad cuando la pequeña fue asesinada.
Sin control sobre las ejecutorias
Según Tirado, "se ha creado 'a posteriori' de un suceso luctuoso que ninguna relación tiene con el asunto, de la nada, una falta muy grave, en donde no existe responsabilidad disciplinaria alguna por parte del juez".
"Por mucho que se intenten forzar las cosas, sería imposible encontrar un precedente de estas características en las resoluciones del CGPJ y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo", opina. "A nadie se le escapa que si dicho acontecimiento [la muerte de Mari Luz] no hubiera ocurrido, ni habría expediente, ni recurso, ni sanción".
Según el recurso de la Fiscalía, el magistrado "debería haber establecido un mínimo control sobre el estado de todas y cada una de las ejecutorias que se tramitaban en el Juzgado, lo que le hubiera permitido, al efectuar dicho control, detectar la existencia de la ejecutoria 31/06 y del estado de paralización en que se encontraba".
Al respecto, Tirado argumenta que las funciones de dirección e inspección de todos los asuntos que la Ley atribuye a los jueces en ningún caso suponen que hayan de llevar un control exhaustivo de cada uno.
