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MONTEVIDEO.-(AGENCIALAVOZ)Los movimientos Pro Vida del Uruguay, que se oponen a cualquier iniciativa de despenalización del aborto, aseguraron ayer que los proyectos a estudio del Parlamento están "plagados de inconstitucionalidades".
En una declaración dada a conocer en el Anexo del Palacio Legislativo por el edil Carlos Iafigliola (Partido Nacional) y Lorna Marchetti en representación de las 19 organizaciones contrarias al aborto, afirmaron además que los proyectos que legalizan la interrupción del embarazo son "antidemocráticos y sin transparencia".
La despenalización del aborto está a estudio de una comisión especial de la Cámara de Diputados. Con los votos del Frente Amplio, el Senado aprobó a fines de diciembre de 2011 un proyecto que despenaliza el aborto dentro de las 12 semanas de gestación, pero este todavía no cuenta con votos en la Cámara de Diputados.
A este proyecto ya votado por el Senado, el Frente Amplio y el diputado del Partido Independiente Iván Posada, acordaron agregarle un aditivo: crear una comisión asesora que analice cada caso.
La declaración leída ayer por los representantes de las organizaciones Pro Vida afirma que "es mentira" que los proyectos a estudio del Parlamento "sean solo de despenalización".
"Todos ellos pretenden imponer la obligación a los centros de salud de realizar abortos, y por tanto imponen un derecho de la mujer a que los abortos se realicen. También, determinan que el aborto es un acto médico lo cual implica de por sí su despenalización", señala la declaración.
Esta referencia alude a un pasaje de la indicativa por el cual en cada centro de salud se deberá formar una comisión médica que deberá analizar el caso de interrupción del embarazo y resolver si procede. Además, el proyecto establece que toda institución pública o privada no puede negarse a prestar el servicio de interrupción del embarazo a solicitud de una paciente.
Según las organizaciones opuestas al aborto, el tema ha tenido en el Poder Legislativo "un tratamiento plagado de una larga serie de inconstitucionalidades, ilegalidades y otros actos contrarios al Derecho, así como procedimientos antidemocráticos y falta de transparencia".
Las organizaciones criticaron al Frente Amplio por negarse a recibirlas en la comisión especial que analiza el aborto, y votar el proyecto antes de abrir el debate.
Recordaron que el proyecto fue enviado desde la comisión de Salud del Senado al plenario sin haber sido votado en general, por lo cual nunca pudo ser aprobado por esa cámara. Esto les lleva a afirmar que el proyecto es inconstitucional. "Por eso mismo tampoco puede ahora tratarse en Diputados, ni en su plenario ni en comisión alguna", agregan.
Dijeron que el proyecto se votó en el Senado "a la carrera, en medio de las fiestas navideñas, en un verdadero alarde de falta de sensibilidad y de falta de respeto nunca vistos en el Senado".
En Diputados, recordaron que se hizo "una maniobra" política para sacarlo de la comisión de Salud y llevarlo a una comisión especial donde sí hubiera mayorías a favor de la iniciativa.
Criticaron además que esa comisión especial tomara la "antidemocrática decisión" de aprobar un proyecto articulado sin antes recibir a más de 20 organizaciones que habían solicitado audiencia. "Esto es ir contra la esencia misma del Parlamento, dejando de lado la voz del pueblo", afirmaron las organizaciones contrarias al aborto.
Por último, afirmaron que en vez de tratar este tipo de proyectos, el Parlamento debiera abocarse a tratar "proyectos de ley de ayuda a la mujer embarazada y a la niñez".
La despenalización de la interrupción del embarazo es una iniciativa que el Frente Amplio viene promoviendo desde el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010). Dentro de la ley de Salud Sexual y Reproductiva, la bancada de la coalición de izquierda agregó unos artículos que despenalizaban el aborto, pero el entonces presidente Vázquez los vetó.
El voto rebelde
La despenalización del aborto es resistida en el Parlamento por los partidos Nacional y Colorado, y el diputado Daniel Radío. En la bancada del Frente Amplio no vota el diputado Andrés Lima, por lo cual la coalición debió negociar con Iván Posada del Partido Independiente.
