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“El momento electoral puede constituirse en una gran oportunidad para conocer mejor a quienes pretenden representarnos si el periodismo pregunta lo que la sociedad necesita saber” comienza el documento que fue presentado el pasado miércoles 6 de mayo en un encuentro llamado “¿Podemos hablar de Aborto en tiempo de elecciones?” en la Sala 2 del Congreso de la Nación.
El material presenta como objetivo “aportar preguntas, fundamentos, enfoques y aspectos necesarios a tener en cuenta a la hora de avanzar con el tratamiento periodístico de la temática del aborto y las consecuencias de la penalización”, e invita a los periodistas a “Problematizar el marco normativo vigente que penaliza el aborto aunque esta sea una práctica frecuente en la vida de las mujeres y las adolescentes es interpelar a una sociedad que sostiene y naturaliza el doble estándar”.
Los activistas pro-aborto no disimulan en lo más mínimo que su intención es provocar un sesgo informativo al plantear “la necesidad de generar coberturas periodísticas por fuera del eslogan fácil o el lugar común, como cuando se plantea estar ‘a favor o en contra’ o el más engañoso ‘sí o no a la vida’”, pues proponen “acciones periodísticas que estén al servicio de los derechos humanos de las mujeres”, centrando el debate en “defender la autonomía de las mujeres”, sacando de este la protección jurídica al ser humano por nacer.
Como parte del decálogo invitan a “informar que obstaculizar un aborto legal viola derechos fundamentales de las mujeres” y que “Quienes lo impiden -personal de salud, poder judicial, otros- incurren en responsabilidad administrativa, civil y/o penal”, y a “Debatir la interrupción voluntaria del embarazo desde la perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos”. También consideran “un error vincular aborto y adopción”, acusándolo de ser “una forma de discriminación sobre todo hacia las mujeres de los sectores más vulnerados”.
Como si no fuera poco, el documento también invita a los periodistas a recortar y relativizar espacios de expresión a los activistas provida: “a veces los obstáculos son más sutiles a través de opiniones que se emiten como científicas pero cargadas de un sesgo ideológico/religioso contra el derecho a decidir de las mujeres (…) Los grupos antiderechos y sus vocerías constituyen un ejemplo de utilización de aparentes debates, siempre inconducentes”, así como a colaborar en la restricción de los derechos fundamentales de quienes trabajan en el sector salud: “Cuando se trata del acceso a la salud de terceras personas, su ejercicio tiene potencialidad de daño. Las instituciones no pueden ser objetoras de conciencia”.
