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“A pesar de la promulgación de esta ley injusta, continuaremos reclutando empleados que compartan nuestro compromiso con la dignidad de cada miembro de la familia humana.” reza la declaración publicada por Alliance Defending Freedom, la Comisión de Ética y Libertad Religiosa Bautista del Sur, Americans United for Life y Americans United for Life Action, March for Life, Concerned Women for America, Susan B. Anthony List, Family Research Council y la Asociación Internacional de Colegios Cristianos.
El propósito de este proyecto, como fue expresado por su promotor en la primera audiencia en Junio de año pasado, es requerir a las organizaciones religiosas proveer cubrimiento en seguridad social a todas las “decisiones en salud reproductiva” de sus empleados, incluyendo el aborto.
La ley, llamada Reproductive Health Non-Discrimination Act, establece que los “individuos son protegidos de discriminación por un empleador, agencia de empleo, o sindicato, según las decisiones, individuales o de un beneficiario, en salud reproductiva.”
Los críticos dicen que la medida “prohíbe a los empleados en el Distrito Capital, incluyendo a organizaciones religiosas y provida, ‘discriminar’ con base en ‘decisiones’ tomadas por sus empleados relacionadas a ‘salud reproductiva’, incluyendo tomar una vida humana inocente en un aborto.”
El concejo del Distrito de Columbia prohibió temporalmente que la ley fuera usada para forzar a los empleadores a cubrir procedimientos de aborto, pero esa excepción expira luego de 225 días.
La medida, transferida oficialmente al Congreso el 6 de marzo, fue desafiada bajo la Home Rule Act de 1973.
El Home Rule Act garantiza al Congreso la autoridad de revisar toda la legislación aprobada por el Distrito de Columbia y derogarla dentro de 30 días, usado lo que es llamado un “resolución de reprobación.”
El pasado jueves, la Cámara de Representantes votó a favor de una resolución que tumbaría lo que los conservadores han llamado ley “anti-libertad religiosa”. El Senado, sin embargo, no ha agendado una votación en la materia dentro del plazo de 30 días, abandonando en la práctica toda oportunidad del Congreso para tumbar la legislación.
En su declaración, las organizaciones provida con sede en la capital, llamaron a la votación en la Cámara, un “paso extraordinario” que “demuestra que tan improcedente e ilegal” es la Reproductive Health Non-Discrimination Act.
También invitan a continuar presionando al Congreso para agendar la “egregia violación de la Primera Enmienda y la ley federal” en el D.C.
El Congreso todavía podría actuar para invalidar la ley, adjuntando una cláusula en los proyectos de presupuesto, para prohibir a la ciudad usar fondos federales para implmentar la ley.
