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En 2014, el Departamento de Salud reclasificó el aborto, pasando a considerarlo un “cuidado básico de salud”, siguiendo así el plano nacional impuesto por Obama de exigir que todos los planes de salud cubran los abortos quirúrjicos.
Las organizaciones religiosas también son obligadas a ofrecer un seguro médico a sus funcionarios. Por lo tanto, ellos y sus afiliados – escuelas, orfanatos, asilos y clínicas- en la práctica están ayudando a costear los procedimientos de interrupción de embarazos.
El diputado Chris Smith, uno de los líderes del frente Pro Vida de California, acusó al gobierno de imponer “una flagrante falta de respeti al Estado de Derecho”. Para ek, “Esta desición solo confirma la falta de límites de la ideología radical pro aborto de Obama, que fuerza a las comunidades de fe que tienen convicciones que son a favor de la vida a participar de este programa federal”
La ONG Alianza para la Defensa de la Libertad, liderada por cristianos, afirmó que recurrirá a un tribunal federal para que sea revisado el veredicto. El proceso fue abierto en nombre de las Iglesias de Foothill, Calvary Chapel y El Pastor de las Colinas.
En 2012, la arquidiósecis de Nueva York entro en un proceso parecido, argumentando que las instituciones religiosas no pueden ser obligadas a pagar por abortos, lo que sería una intromisión intolerable del gobierno sobre la libertad religiosa. Lamentablemente, terminó perdiendo el caso. Baños transgénero y cambios de sexo
El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha exigido que todos los prestadores de servicio que reciben financiamiento federal ofrescan el financiamiento de “cambios de género”, sino perderán la ayuda del gobierno. Incluso, pueden llegar a ser denunciados ante el Departamento de Justicia y procesados.
Durante una ceremonia reciente en la Casa Blanca, Obama defendió que las escuelas del país dispongan de baños y vestuarios para “transexuales”. Ahora existe un condicionamiento federal para el cumplimiento de esta norma. Es decir, si no cuentan con ese tipo de baños, las instituciones educativas perderían los fondos provenientes del gobierno.
