lunes, 24 de abril de 2017

INEI prepara primer censo de lesbianas, homosexuales a pesar de ser inconstitucional

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El Gobierno PPK busca ejecutar políticas públicas a pesar de ser inconstitucional. Los congresistas cuestionados como Carlos Bruce denunciado por tráfico de influencia y Alberto De Belaunde reconocen el lobby ilegal a favor de su orientación sexual


PERU.-(AGENCIALAVOZ) El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) aplicará, por primera vez en el país, una encuesta especializada a las lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (LGTBIQ) en el segundo trimestre del año, anunció el jefe de ese organismo, Aníbal Sánchez Aguilar.
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“Se trata de un sondeo nacional de carácter electrónico que permitirá conocer las necesidades de esta población, a fin de que se realicen políticas públicas en su beneficio. Será el primer estudio de esta naturaleza que se hará en el Perú, pero tenemos como referencia ejemplos en Colombia y Ecuador”, refirió.


Detalló que el INEI está elaborando el cuestionario con opinión de otras entidades del Estado y organizaciones que atienden a dicha población en estado vulnerable. “Vamos a hacer un esfuerzo colectivo para recoger todas las inquietudes y, al final, obtener los principales datos”.
SERÁ VIRTUAL. Para el congresista oficialista, Alberto de Belaunde, esta encuesta será de suma importancia, pues permitirá visualizar los problemas que deben enfrentar a diario la población LGTBIQ, como los crímenes de odio, violencia, falta de acceso a la educación, salud y trabajo, la discriminación y el bullying.


“Pese a que se desarrollará de forma virtual, un gran número de ciudadanos podrá acceder a esta herramienta, pues los colectivos serán los encargados de informar sobre su aplicación y realizarla, de forma física, en caso de que no tengan internet. Después, esa información la introducirán al sistema”, refirió.


El legislador, quien junto al congresista Carlos Bruce, está participando en esta iniciativa, dijo que los resultados ayudarán a demostrar la difícil situación que viven estas personas, sobre todo a “aquellas autoridades que se niegan a aceptarla” y toman decisiones para anular los avances en políticas públicas.
“Además de sus datos personales y situación económica, (respecto a) las preguntas que hasta ahora se han propuesto, hay varias referidas al trato que reciben cuando acuden a las instituciones públicas, como las comisarías, hospitales, entre otros”, acotó.

 
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