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ESPAÑA-.(AGENCIALAVOZ) La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), a la que el Ministerio de Justicia ha pedido un informe de consulta (entre otras), solicita directamente la retirada de la norma existente en la actualidad. Las clínicas realizan el 93% de los abortos con conciertos con la sanidad pública.
En su análisis de la reforma, enviado esta semana al departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, aseguran que la ley “desconfía” de la ética y la profesionalidad de quienes las atienden, ya que exige que dos médicos –que no trabajen en el centro donde se hará la intervención– certifiquen que la salud de la mujer corre grave riesgo si quiere acogerse a ese supuesto para abortar. Una afirmación que se desprestigia por sí misma al recordar el caso del doctor Morín.
ACAI sostiene que el diseño de la ley impone tantas barreras administrativas –visita a dos médicos, trabajadores sociales, siete días de espera...– que hace el acceso casi inabordable. Citan la exposición que hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en dos sentencias, en las que condenó a Polonia e Irlanda por dificultar el acceso a esta intervención. “Una vez que el Estado, actuando dentro de sus límites de apreciación, adopta disposiciones legales permitiendo el aborto en algunas situaciones no debe estructurar su marco jurídico de tal forma que limite las posibilidades reales de obtener un aborto”, dice una de esas sentencias.
ACAI apunta también que con los numerosos pasos que la ley prevé hasta llegar a la intervención, la paciente habrá dejado su información íntima en multitud de documentos, registros y habrá tenido que contar su caso a varios profesionales. Un ataque contra su intimidad, valora Acai, que afectará en mayor medida las mujeres de poblaciones pequeñas y a aquellas que soliciten el aborto por violación.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) ha enviado una carta al Ministerio de Justicia en la que le pide la retirada de la reforma de la ley del aborto porque supone un riesgo para la salud de las mujeres y de las niñas e incumple las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas por España. Lo ha asegurado la organización en un comunicado, en el que la directora adjunta para Europa, Jezerca Tigani, ha afirmado que el anteproyecto si se convierte en ley “retrotraería al país varias décadas, a una época precaria para los derechos humanos de las mujeres y niñas”. Sin embargo, AI no valora en su afirmación que si supuestamente es una ley que nos transportaría a una época precaria, esa época no es de hace décadas, sino de hace cuatro años, ya que la reforma del PP pretende devolver el estatus jurídico que tenía el aborto antes de la reforma del aborto del Gobierno de Zapatero en 2010.
A su juicio, la reforma podría aumentar el número de mujeres que recurren a procedimientos “peligrosos, inseguros, clandestinos e ilegales” poniendo en riesgo su salud, e incluso su vida. Para el director de AI en España, Esteban Beltrán, la reforma afectará “desproporcionadamente” a las jóvenes pobres, porque no tienen los medios necesarios para viajar al extranjero y acceder a abortos seguros. Añaden que la reforma exige a las mujeres que se quedan embarazadas tras sufrir una violación presentar una denuncia antes de poder abortar de forma legal, lo que sería “particularmente problemático” para algunas mujeres inmigrantes que se encuentran en situación irregular.
El aborto es “un negocio” que hace ceder las barreras éticas “fácilmente”
El profesor Alejandro Navas, sociólogo de la Universidad de Navarra afirma con motivo del libro que acaba de publicar bajo el título El aborto, a debate (EUNSA) que “en la esfera pública se habla poco de la dimensión económica del aborto. Es un negocio y, cuando hay mucho dinero en juego, las barreras éticas y legales ceden fácilmente”.
"Pocos asuntos como este tienen la capacidad de polarizar tanto a la opinión pública. Con todo, el debate se puede plantear en términos puramente racionales y no hay razón para adscribir la defensa de la vida a la derecha y el aborto a la izquierda", destaca.
El profesor Navas analiza en el volumen las principales claves sobre este fenómeno, que está de plena actualidad tras la aprobación por parte del Gobierno español de un proyecto que modifica la ley del aborto de 2010.
Así, menciona que pensadores ateos y de izquierda, como Gustavo Bueno o Norberto Bobbio, se oponen al aborto, al igual que el presidente de Ecuador, Rafael Correa. "De igual modo, encontramos posiciones abortistas en la derecha política", comenta.
Más pro vida que partidarios del aborto en Estados Unidos
"Más importante que la confrontación puramente política me parece el debate cultural", recalca el profesor de la Universidad de Navarra. "Determinados rasgos de la cultura occidental moderna –añade- favorecen la cultura de la muerte: la libertad entendida como emancipación, como liberación de todo tipo de ataduras; y la ciencia y la tecnología vistas como instrumentos de poder –saber es poder-".
No obstante, Alejandro Navas asegura que, si bien "la cultura de la muerte ha logrado una notable difusión -el aborto es la primera causa de muerte en el mundo-", el clima de la opinión pública empieza a cambiar: "Desde hace un par de años, la encuesta que realiza anualmente Gallup en Estados Unidos indica que los provida superan a los partidarios del aborto. La encuesta de mayo de 2013 refleja que los primeros suponen el 48% mientras que los segundos, el 45%". ¿Qué pasará con España?
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