PERU.-(AGENCIALAVOZ) Debate abierto. El aborto es para muchos un tabú, un tema del que difícilmente se trate en los hogares o reuniones amicales, debido a las implicancias médicas y/o religiosas que conlleva ponerse a favor o en contra de esta acción que, según nuestra Constitución, va contra el derecho a la vida.
Pero hoy en día existe un importante grupo de colectivos feministas y ONGs que buscan legalizar esta práctica, ya sea el “aborto terapéutico”, que incluiría la discapacidad del niño por nacer o, más recientemente, el aborto de un niño producto de una violación. Para este segundo propósito, ya han presentado más de 100 mil firmas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que está aún evaluando la legitimidad de las rúbricas para que el tema pase al Congreso.
Pero qué lleva a estas personas a rasgarse las vestiduras argumentando el derecho que tiene toda mujer a decidir sobre su cuerpo o sobre la vida que lleva dentro, más allá de posiciones ideológicas que difieren de las religiosas.
¿Qué hay detrás?
El ex premier y médico internista de profesión, Luis Solari de la Fuente, conversó con EXPRESO y argumentó que toda esta campaña orquestada desde las ONG feministas no es más que el deseo de grandes industrias farmacéuticas por que se legalice el aborto en el Perú y, por ello, el uso de ciertos medicamentos.
“Se busca solamente despenalizar el aborto en cualquiera de los peldaños porque está detrás la gran industria farmacéutica. En el protocolo del aborto terapéutico se menciona un solo fármaco. ¿Usted sabe la cantidad que va a ganar el fabricante de este fármaco para producir abortos, en el caso que se despenalice una parte?”, se preguntó el galeno.
Solari además aclaró que no es cierto que el Código Penal “legalice” el aborto terapéutico y otro, sino que deja abierta la posibilidad de no penalizar alguno de estos casos si es que la vida de la gestante está en verdadero riesgo, lo que no es lo mismo que permitir que se accione terminando con la vida del feto.
Refirió además que estas organizaciones señalan que una mujer con un hijo en el vientre con alguna discapacidad, por ejemplo, podría argumentar problemas mentales, y así se le permitiría el aborto, lo que está fuera de las normas legales y, sobre todo, de la defensa de la vida con la que todo peruano debe comprometerse.
“Simplemente se necesita asistencia emocional, psicoterapia de apoyo, etc., y todos los cuidados del caso que merece una madre, igual que los que merece el niño por nacer”, comentó a EXPRESO.
Por violación sexual
En la actualidad existe una iniciativa “ciudadana” para promover el aborto en el Perú de una mujer víctima de violación, para lo cual se han recolectado más de 100 mil firmas que buscan abrir el debate en el Congreso de la República.
Según Solari de la Fuente, también ex ministro de Salud, esta propuesta también es parte de toda esta maquinaria malévola que pretende legalizar el aborto, pero recordó que no es posible que en el Perú no se castigue con pena de muerte a los violadores pero que las madres puedan asesinar a sus hijos no nacidos.
“Lo interesante es que estas ONG no plantean utilizar sus fondos para darle asistencia a estas madres que han sufrido una violación, no es eso, solamente proponen matar al niño”, dijo algo consternado el ex primer ministro.
Promsex: “Es un tema que se tiene que dar”
Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), consideró que el tema del aborto por violación sexual es algo que se tiene que dar en el Perú, pues el organismo que lidera, así como Manuel Ramos, Flora Tristán y otras en esa misma línea, solo están a la espera que el JNE dé luz verde y el tema pase al Congreso.
“Se trata de una iniciativa ciudadana y no es un tema de discusión, es un tema que se tiene que dar, para eso es una iniciativa ciudadana. Hay una demanda ciudadana y el tema se discute en el Congreso, eso no está en discusión”, dijo a EXPRESO.
Dijo además que por lo menos en los últimos seis periodos legislativos este tema se ha visto positivamente en el grupo que evalúa las modificaciones al Código Penal, aunque hasta ahora no se haya aprobado. Chávez aseguró que las organizaciones que se han comprometido con este tema insistirán en ello hasta “las últimas consecuencias en cuanto al debate democrático lo permita, y seguiremos demostrando las evidencias”.