EE.UU.-(AGENCIALAVOZ) La política de ayuda al exterior estadounidense que impide el financiamiento de agrupaciones que practican o promueven el aborto en el exterior ha sido durante mucho tiempo un ping-pong político: los diversos gobiernos presidenciales la establecen y anulan de forma alternativa. Una iniciativa reciente para codificar la restricción (conocida como Política de Ciudad de México) dio contra la pared en una comisión del Senado estadounidense la semana pasada.
El año pasado, el Partido Republicano tomó control del Senado por primera vez desde 2007. Cuando llegó el momento de redactar un proyecto de ley sobre asignaciones presupuestarias para las operaciones en el exterior, los senadores incluyeron terminología que prohíbe el financiamiento estadounidense dirigido a agrupaciones en el extranjero que practican o promueven el aborto. El proyecto también proponía un tope para los fondos destinados a programas tendientes a disminuir la población, lo cual reduciría su asignación anual en casi 200 millones de dólares. La subvención para el polémico Fondo de Población de la ONU (
UNFPA, por sus siglas en inglés) también sufría un recorte debido a su complicidad con la política china de hijo único. La Cámara de Representantes, también bajo el control de los republicanos, elaboró un proyecto de ley equivalente que contenía cláusulas similares.
En la audiencia sobre asignación de fondos, la senadora demócrata Jeanne Shaheen propuso una modificación que despoja al proyecto de las disposiciones provida, elimina el tope de financiamiento para la anticoncepción y restablece los fondos para el
UNFPA. La reforma de Shaheen fue aprobada por 17 votos contra 13 gracias a tres senadores republicanos que desertaron: Mark Kirk, de Illinois, Susan Collins, de Maine, y Lisa Murkowski, de Alaska.
No es probable que los senadores republicanos lleven este proyecto de ley avenido al recinto para votación, en cuyo caso se mantendrá el
statu quo mediante una resolución de continuidad presupuestaria o una Ley ómnibus como ha sido desde que asumió el presidente Obama.
La Política de Ciudad de México, presentada por primera vez durante la presidencia del republicano Ronald Reagan en 1984, fue promulgada por decreto del Poder Ejecutivo en presidencias posteriores de mandatarios republicanos y retirada bajo gobiernos democráticos durante tres décadas.
La legislación estadounidense prohíbe que la ayuda exterior financie de forma directa el aborto según la Enmienda de Helms, que fue aprobada en 1973 y continúa vigente. Sin embargo, las agrupaciones que reciben ayuda estadounidense pueden aún así practicar y promover el aborto siempre y cuando mantengan sus fuentes de recursos separadas. Al impedir completamente el financiamiento estadounidense para agrupaciones que promueven el aborto y operan a nivel internacional, la Política de Ciudad de México brinda más protecciones a favor de la vida.
Durante la reunión en la que se propusieron las modificaciones, la senadora Shaheen, beneficiaria de un millón de dólares para campaña provenientes de agrupaciones abortistas, mencionó una publicación de la Organización Mundial de la Salud para argumentar que la Política de Ciudad de México condujo a un incremento del aborto en el exterior. Sin embargo, ese estudio de 2011 se basa en indicadores indirectos de índices de aborto y emplea un método cuestionable de agrupación de países basado en su «exposición» a la política de Ciudad de México.
El senador Lindsey Graham, principal miembro republicano de la subcomisión de asignaciones para el Estado y las Operaciones en el Extranjero, dijo a sus colegas: «[El proyecto del Senado] no será aceptado por la Cámara de Representantes».
Reconociendo que un aplastante número de estadounidenses se opone al financiamiento del aborto, el senador Graham dijo que la derogación de la política de Ciudad de México «lleva dólares públicos de los contribuyentes a un área a la que la mayoría de los estadounidenses no quiere que vayan».
Incluso en un Congreso mayoritariamente republicano, la terminología provida en proyectos de ley de asignación presupuestaria enfrenta una ardua batalla, ya que es probable que el presidente Obama vete cualquier legislación que la contenga. Los legisladores provida de los Estados Unidos han intentado repetidas veces codificar en leyes las cláusulas de la Política de Ciudad de México, aun cuando los legisladores proabortistas procuran suprimirlas de forma permanente, pero sin el control de ambas cámaras del Congreso además de la presidencia, ninguno de los bandos tiene posibilidades de celebrar una victoria rotunda.
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