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Dos parejas homosexuales y dos heterosexuales la demandaron. Bunning le ordenó a Davis emitir las licencias y la Corte Suprema ratificó su fallo. Pero aun así, se resistió y fue detenida por desacato a la corte y llevada a la cárcel esposada, lo que provocó protestas de miembros de la derecha religiosa.
El encarcelamiento de Davis le ha ofrecido a muchos precandidatos presidenciales republicanos la oportunidad de atraer a la facción evangélica cristiana del partido, que se opone al matrimonio gay y vio el encarcelamiento de Davis como un tema de libertad religiosa.
Una funcionaria demócrata de uno de los estados más conservadores de Estados Unidos se ha convertido en la última protagonista de la batalla contra el matrimonio homosexual. Apenas tres meses de que el Tribunal Supremo legalizase estas uniones en todo el país, Kim Davis, secretaria de un condado de Kentucky, es el nuevo rostro de la batalla entre los defensores de la igualdad y la derecha religiosa más conservadora.
En teoría, este es el caso de una funcionaria que se ha negado a cumplir con las obligaciones de un cargo que juró ella misma. Pero en la práctica, en plena campaña electoral por la presidencia de EE UU con casi una veintena de candidatos republicanos necesitados del electorado más conservador, el paso de Davis por prisión puede ser sólo el primer episodio de una pugna para medir la libertad religiosa que según los conservadores está amenazada por el avance del matrimonio igualitario.
Cuando Davis fue liberada este martes, después de pasar seis días en prisión por negarse a conceder licencias de boda, alzó los brazos al cielo junto a Mike Huckabee, candidato a la presidencia en 2016. Ted Cruz, líder del Tea Party y rival de Huckabee en el extremo más conservador del espectro republicano, también había anunciado su presencia en la manifestación -reflejada en las redes sociales- a favor de la funcionaria y “para que ningún americano que quiera vivir su fe sea víctima de la persecución del gobierno”, en palabras de su portavoz.
Huckabee ha sido el más agresivo en su rechazo al matrimonio homosexual y ha reiterado en varias ocasiones que el Supremo no está por encima de la “autoridad de Dios” y que su fallo representaba “la criminalización del Cristianismo en América”. Ahora Davis le ha concedido el ejemplo que necesitaba para poner un rostro a sus argumentos. A pesar de que funcionarios de Alabama, Florida, Mississippi y Texas también se han opuesto a firmar licencias a parejas del mismo sexo, ella es la primera en pasar casi una semana encarcelada por ello.
Un manifestante lee la Biblia durante la concentración a favor de Kim Davis. / Timothy D. Easley (AP)
Davis fue asistente de su madre durante casi tres décadas antes de ocupar este cargo el año pasado y clama que su causa personal no es un asunto “de gais y lesbianas”, sino “una decisión entre el Cielo y el Infierno”. La funcionaria, que tomó posesión tras ganar en las elecciones del condado por el Partido Demócrata, tenía pocas opciones: cumplir con la ley y firmar las licencias de matrimonio o dimitir de su cargo.
El incidente ha llevado a algunos conservadores a equiparar a Davis con Rosa Parks, la activista afroamericana que se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco en un autobús y que al pagar su gesto con la cárcel también escenificó la defensa de unos ideales. Parks quería acabar con la discriminación contra los negros en pleno movimiento por los derechos civiles. Davis quiere que el Gobierno no le obligue a violar sus derechos religiosos. Pero, según The Washington Post, “Davis no es Rosa Parks” y “su demanda es el caso equivocado para luchar por la protección de la libertad religiosa”.
Los abogados de Davis han tratado de que su caso camine de la mano del argumento de los derechos religiosos hasta el Supremo para reclamar que no se le puede obligar a ejercer su cargo si esto viola sus creencias. El primer intento fracasó la semana pasada. Davis preguntó a la máxima autoridad judicial del país si tiene derecho a negarse a firmar licencias de matrimonio. Los jueces contestaron que no, sin estudiar el caso más detenidamente. Ahora Davis todavía puede perder su puesto por la vía electoral o si el juez mantiene cargos por desobediencia.
La funcionaria se ha negado a conceder licencias matrimoniales desde que el Supremo emitió su fallo en junio. Para evitar que se le acusara de discriminación, negó las peticiones de parejas homosexuales como heterosexuales, citando siempre la “autoridad divina” y su creencia de que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Sus seis asistentes -entre ellos, su hijo- también se negaron. Durante los seis días que ha pasado encarcelada, el juez le ha ofrecido la opción de que no sea ella quien concede los permisos, sino un subordinado, pero también se negó porque su firma sigue presidiendo las licencias matrimoniales. Este martes el juez le ha dejado en libertad porque confía en que Davis “no interferirá” con las licencias que concede su oficina.
