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BOGOTÁ.- ( AGENCIALAVOZ.COM ) La crisis generada entre Colombia, Ecuador y Venezuela tras el bombardeo efectuado por Bogotá a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano ha llevado a un cruce de acusaciones y medidas de represalia diplomáticas, mientras el gobierno de Álvaro Uribe intenta demostrar los supuestos vínculos entre la guerrilla, Hugo Chávez y Rafael Correa.
Mientras el Gobierno de Quito rompía relaciones con el de Uribe, Chávez expulsaba de Caracas al embajador de Colombia y al resto de su cuerpo diplomático.
La más reciente, la reacción del Gobierno de Chávez, que a través de un comunicado anunció la expulsión del delegado colombiano en su país: "El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la soberanía de la patria y de la dignidad del pueblo venezolano, ha decidido ordenar la expulsión inmediata del territorio nacional, del embajador de la república de Colombia en Venezuela, y del personal diplomático de la Embajada colombiana en Caracas", dijo la cancillería.
Antes, Ecuador decidía romper relaciones diplomáticas con Colombia. La ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores, María Isabel Salvador, justifica la medida en la "sucesión de hechos e inamistosas imputaciones" que han marcado las relaciones de ambos países desde el sábado pasado, cuando las Fuerzas Armadas de Colombia dieron muerte en Ecuador a "Raúl Reyes", el número dos y portavoz internacional de la guerrilla de las FARC.
En una inusual ofensiva militar, Bogotá bombardeó el sábado posiciones de las FARC situadas en territorio ecuatoriano, lo que resultó en la muerte de Reyes.
Pero, más allá de ese incidente, Colombia ha utilizado la documentación incautada a los guerrilleros en su ofensiva transfronteriza para intentar implicar tanto al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, como al mandatario venezolano, Hugo Chávez, en sendas iniciativas para apoyar a las FARC.
El director de la Policía de Colombia, general Óscar Naranjo, ha asegurado que tiene en su poder documentos, pertenecientes a Reyes, que revelarían el interés de Ecuador de "oficializar las relaciones con la dirección de las FARC", así como su disposición a relevar a los mandos policiales y militares en las zonas ecuatorianas donde están las FARC.
Larrea se reunió con Reyes
El ministro coordinador de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea, ha admitido que se reunió en enero con Reyes para gestionar la liberación de rehenes en poder del movimiento guerrillero colombiano, pero ha asegurado que en la cita -que no se desarrolló ni en Ecuador ni Colombia-, no se exploró ningún tipo de acuerdo político con las FARC.
El lunes, Naranjo daba nuevos detalles de los documentos confiscados en la operación contra Reyes, y afirmaba en una conferencia de prensa que "hay un pago gestionado por las FARC ante el Gobierno del presidente Chávez, de 300 millones de dólares, para apoyar la causa terrorista".
El oficial mencionó otro documento en el que Chávez se habría comprometido a entregar fusiles usados a ese grupo rebelde y a formar una alianza militar en caso de una eventual agresión de Estados Unidos.
Ofensiva diplomática
A partir de ahí, los tres países fronterizos se han enzarzado en una ofensiva diplomática que ha hecho aumentar la tensión en la región y ha llevado a EEUU —principal aliado financiero y militar de Colombia— a pedir un esfuerzo negociador para evitar que el conflicto suba de intensidad.
La preocupación de la comunidad internacional se basa en los recientes movimientos de tropas ordenados por los gobiernos de Quito y de Caracas hacia sus respectivas fronteras.
Chávez ha ordenado desplegar 10 batallones en los estados de Zulia, Tachira y Apure y, según el comandante de la cuarta división blindada de Venezuela, Alejandro Tineo, todo está "listo para salir hacia la frontera".
Un comunicado de la Presidencia colombiana intentaba sacar el conflicto diplomático fuera del ámbito de la Defensa al reiterar su "afecto y respeto a los pueblos hermanos de Ecuador y de Venezuela", y anunciar que "no hará movimientos de tropas a las fronteras que tiene con esos países".
Lo que sí mantiene Colombia es su decisión de denunciar ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) los acuerdos presuntamente suscritos entre las Fuerzas y los Gobiernos de Ecuador y Venezuela.
La respuesta del presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha sido, además de movilizar tropas junto a sus fronteras con Colombia, negar cualquier relación con la guerrilla y romper las relaciones diplomáticas con Colombia. Además, ha anunciado que pedirá la anulación de la Comisión Binacional de Frontera (Combifron), un ente militar de resolución bilateral de conflictos.
EEUU intenta templar los ánimos
EEUU, por boca del portavoz del Departamento de Estado Tom Casey, ha instado a Colombia y Ecuador a buscar una salida diplomática al conflicto regional y Casey ha descartado cualquier participación de EEUU en la acción militar del sábado. Asimismo, Casey ha minimizado la intervención en el conflicto de Hugo Chávez.
El presidente de Perú, Alan García, ha pedido una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para resolver la crisis. Brasil, por su parte, ha propuesto la formación de una comisión investigadora de la OEA y una visita de su secretario general, José Miguel Insulza, a Colombia y Ecuador, según ha anunciado el lunes el canciller Celso Amorim. Ese podría ser "un resultado concreto" de la reunión urgente que mantendrá el martes el Consejo Permanente de la OEA para abordar el caso.
La más reciente, la reacción del Gobierno de Chávez, que a través de un comunicado anunció la expulsión del delegado colombiano en su país: "El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la soberanía de la patria y de la dignidad del pueblo venezolano, ha decidido ordenar la expulsión inmediata del territorio nacional, del embajador de la república de Colombia en Venezuela, y del personal diplomático de la Embajada colombiana en Caracas", dijo la cancillería.
Antes, Ecuador decidía romper relaciones diplomáticas con Colombia. La ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores, María Isabel Salvador, justifica la medida en la "sucesión de hechos e inamistosas imputaciones" que han marcado las relaciones de ambos países desde el sábado pasado, cuando las Fuerzas Armadas de Colombia dieron muerte en Ecuador a "Raúl Reyes", el número dos y portavoz internacional de la guerrilla de las FARC.
En una inusual ofensiva militar, Bogotá bombardeó el sábado posiciones de las FARC situadas en territorio ecuatoriano, lo que resultó en la muerte de Reyes.
Pero, más allá de ese incidente, Colombia ha utilizado la documentación incautada a los guerrilleros en su ofensiva transfronteriza para intentar implicar tanto al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, como al mandatario venezolano, Hugo Chávez, en sendas iniciativas para apoyar a las FARC.
El director de la Policía de Colombia, general Óscar Naranjo, ha asegurado que tiene en su poder documentos, pertenecientes a Reyes, que revelarían el interés de Ecuador de "oficializar las relaciones con la dirección de las FARC", así como su disposición a relevar a los mandos policiales y militares en las zonas ecuatorianas donde están las FARC.
Larrea se reunió con Reyes
El ministro coordinador de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea, ha admitido que se reunió en enero con Reyes para gestionar la liberación de rehenes en poder del movimiento guerrillero colombiano, pero ha asegurado que en la cita -que no se desarrolló ni en Ecuador ni Colombia-, no se exploró ningún tipo de acuerdo político con las FARC.
El lunes, Naranjo daba nuevos detalles de los documentos confiscados en la operación contra Reyes, y afirmaba en una conferencia de prensa que "hay un pago gestionado por las FARC ante el Gobierno del presidente Chávez, de 300 millones de dólares, para apoyar la causa terrorista".
El oficial mencionó otro documento en el que Chávez se habría comprometido a entregar fusiles usados a ese grupo rebelde y a formar una alianza militar en caso de una eventual agresión de Estados Unidos.
Ofensiva diplomática
A partir de ahí, los tres países fronterizos se han enzarzado en una ofensiva diplomática que ha hecho aumentar la tensión en la región y ha llevado a EEUU —principal aliado financiero y militar de Colombia— a pedir un esfuerzo negociador para evitar que el conflicto suba de intensidad.
La preocupación de la comunidad internacional se basa en los recientes movimientos de tropas ordenados por los gobiernos de Quito y de Caracas hacia sus respectivas fronteras.
Chávez ha ordenado desplegar 10 batallones en los estados de Zulia, Tachira y Apure y, según el comandante de la cuarta división blindada de Venezuela, Alejandro Tineo, todo está "listo para salir hacia la frontera".
Un comunicado de la Presidencia colombiana intentaba sacar el conflicto diplomático fuera del ámbito de la Defensa al reiterar su "afecto y respeto a los pueblos hermanos de Ecuador y de Venezuela", y anunciar que "no hará movimientos de tropas a las fronteras que tiene con esos países".
Lo que sí mantiene Colombia es su decisión de denunciar ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) los acuerdos presuntamente suscritos entre las Fuerzas y los Gobiernos de Ecuador y Venezuela.
La respuesta del presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha sido, además de movilizar tropas junto a sus fronteras con Colombia, negar cualquier relación con la guerrilla y romper las relaciones diplomáticas con Colombia. Además, ha anunciado que pedirá la anulación de la Comisión Binacional de Frontera (Combifron), un ente militar de resolución bilateral de conflictos.
EEUU intenta templar los ánimos
EEUU, por boca del portavoz del Departamento de Estado Tom Casey, ha instado a Colombia y Ecuador a buscar una salida diplomática al conflicto regional y Casey ha descartado cualquier participación de EEUU en la acción militar del sábado. Asimismo, Casey ha minimizado la intervención en el conflicto de Hugo Chávez.
El presidente de Perú, Alan García, ha pedido una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para resolver la crisis. Brasil, por su parte, ha propuesto la formación de una comisión investigadora de la OEA y una visita de su secretario general, José Miguel Insulza, a Colombia y Ecuador, según ha anunciado el lunes el canciller Celso Amorim. Ese podría ser "un resultado concreto" de la reunión urgente que mantendrá el martes el Consejo Permanente de la OEA para abordar el caso.
